Con unas producciones medias de unos 42 millones de hectolitros y una superficie actualmente de casi un millón de hectáreas, España es uno de los tres primeros países productores de vino del mundo. Con unas exportaciones en los últimos años de 22 millones de hectolitros, España se halla también a la cabeza del comercio mundial del vino.
Sin embargo, por debajo de estas posiciones de liderazgo hay importantes debilidades. El consumo interior, aunque paró la caída de las últimas décadas, con muy ligeras oscilaciones, se halla congelado en los últimos años en poco más de 10 millones de hectolitros que, por fin este año pasado se acercó a los 11 millones. Las exportaciones de 22 millones han supuesto una facturación de entre 2.500 y casi los 3.000 millones de euros liderando también los precios medios de venta por litro más bajos del mundo con 1,22 euros y de 0,40 euros en graneles, mientras los franceses ingresan 9.000 millones exportando 15 millones de hectolitros y los italianos más de 4.000 millones con menos de 20 millones de hectolitros exportados. En conjunto, una serie de factores negativos que al final se han traducido en un mercado interior con precios bajos al viticultor en las zonas más productoras.
Para dar un vuelco a esta situación, al margen de las campañas periódicas de la interprofesional para aumentar la demanda interior, 2020 va a ser un año clave de acuerdo con las actuaciones previstas en la denominada Hoja de Ruta para el vino para aplicar en este ejercicio basadas en reducir la oferta en el segmento bajo, mejorar las calidades y puesta en marcha de la autorregulación de los mercados.
En las últimas décadas, Bruselas tuvo la obsesión de reducir la superficie y a la postre, el potencial en la producción de vino mirando su política de ahorro en las compras en intervención. Ello supuso destinar importantes fondos para arranque de viñedos que en España se tradujo en pasar de 1,2 millones de hectáreas a las actuales 950.000. Sin embargo, a pesar de los arranques, el sector mejoró estructuras de las explotaciones, aumentó los riegos y, en grandes zonas, apostó por variedades altamente productivas en volumen y no en calidades. Las medidas dieron lugar a que, en vez de bajar la producción, aumentó, con más vino para exportar a costa de bajar los precios.
Desde 2016, de acuerdo con las directrices comunitarias de la última reforma, Agricultura viene manteniendo una posición de prudencia a la hora de las autorizaciones para nuevas plantaciones, posicionándose en incrementos de solo el 0,5% esta campaña, 4.750 hectáreas sobre la superficie existente frente a la posibilidad de aumentarlas hasta el 1%. Desde 2016, las autorizaciones para nuevas plantaciones han sumado solo 18.860 hectáreas, mientras las replantaciones por arranque han sido de 35.670 hectáreas y otras 46.276 por reconversión de derechos de plantación.
Para 2020, en las superficies de viñedos de las Denominaciones de Origen ubicadas en una sola Comunidad Autónoma, los Consejos Reguladores fijan las nuevas autorizaciones sobre las que decide la Administración central. En función de esas competencias, entre otros territorios, cabe señalar las 950 hectáreas de nuevas plantaciones autorizadas en la Ribera del Duero, 0,1 hectáreas en  La Rioja o una hectárea en Rueda, donde se ha registrado una gran expansión en los años precedentes.
Otra situación diferente es la de los Consejos Reguladores cuando bajo los mismos se hallan viñedos de varias Comunidades Autónomas como Jumilla, Rioja o Cava. En ese caso, hasta la nueva disposición aprobada por el Gobierno el pasado otoño, los Consejos hacían su propuesta y Agricultura podía aceptar o no la misma. Desde esa nueva disposición, esos Consejos han asumido todas las competencias para decidir el número de autorizaciones sobre las nuevas plantaciones y el papel de Agricultura se limita a ratificar sus propuestas. De acuerdo con ello, el Consejo Regulador del Cava, dominado por bodegueros y viticultores catalanes, decidió autorizar solamente 0,1 hectáreas en contra de las demandas e intereses de los viticultores de cava de Extremadura y de Valencia, Almendralejo y Requena.
Desde la producción de esas zonas señalan que el problema del cava no es la superficie, sino apostar por la calidad, empresa en la que se está embarcando en los últimos meses el Consejo Regulador respondiendo a las demandas de las bodegas pequeñas y medianas y no a los intereses de los grandes grupos como Codorniu y Freixenet, hoy en manos de un fondo de inversión y de una firma alemana. 
Con la mirada enfocada en dar respuesta a algunos de los problemas más importantes que afectan al conjunto del sector del viñedo y del vino, en los próximos meses se deben concretar los compromisos contemplados en esa ‘Hoja de Ruta’ y que afectan fundamentalmente a la producción en volumen y en calidad.
Desde la perspectiva de la calidad, el principal objetivo se concreta en no admitir uvas para la elaboración de vino si las mismas no superan los nueve grados y además si no tienen un buen estado sanitario concretado en 0,5 g/l de ácido glucónico. Con esta exigencia, se pretende apoyar la necesidad de lograr unos mayores ajustes de la oferta a la demanda y, sobre todo, mejorar la calidad de los vinos, destinando el resto de las uvas a la obtención de otros productos.
Con el mismo objetivo se plantea la necesidad de limitar el volumen de producción de uva por hectárea para la obtención de un volumen en vino de 150 hectolitros por hectárea en el caso de tintos y de 185 en los vinos blancos.
Finalmente, la novedad más importante para esta campaña será la posibilidad de acometer una autorregulación de la oferta en los mercados en base a las propias directrices comunitarias y donde no hay razones para que se produzca la oposición de los servicios de Competencia. Esta medida se halla todavía en estos momentos en fase de análisis y debate entre la Administración el sector a través de la interprofesional y se baraja la posibilidad de su acometida cuando el volumen de disponibilidades totales superen en un 5% la media de las cinco campañas anteriores.