Ignoro si algún día sabremos qué hubo detrás del empecinamiento de sacar adelante la Ciudad del Medio Ambiente en las condiciones y el lugar en el que se eligió. Dudo que la tentativa de Pablo Fernández, líder de Podemos en Castilla y León, de exigir que se ponga en marcha una comisión de investigación que nos retrotraiga al momento en  que se aprobó la ley de la CMA, prospere. A estas alturas poco se puede esperar de Igea el Regenerador y por tanto lo más probable es que no se sumen a Podemos mas que los socialistas  y sus números no alcancen para ponerse a ello. Sin embargo aún habrá que hablar largo y tendido de este despilfarro, en el que nunca, ni de refilón se ha señalado a los jueces como parcialmente responsables de lo que hoy tenemos en el Soto de Garray. Y algo hay.
Quienes presentaron en su momento el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de la CMA, que el alto tribunal terminó reconociendo y sentenciando, no tuvieron la precaución de solicitar una suspensión cautelar de las inversiones que se iban a llevar a cabo. Culpa del PSOE y los parlamentarios que firmaron el recurso y quizá también de los jueces que, con la pachorra que les caracteriza tardaron varios años y cien millones de euros, en frenar el proyecto. Y ahí lo tenemos ahora, como un caramelo para  iniciativas como la de Layonair, que tanto está dando que hablar y que, en parte, depende también de los jueces, en este caso los del Tribunal Supremo, que tienen entre las manos un recurso de casación presentado por ASDEN, que se resiste a retirarlo, para que salga adelante el proyecto aeroportuario porque insiste en que tiene razón y pide a la Junta que anule el Decreto del Parque Empresarial del Medio Ambiente y resuelva así el asunto de una vez por todas.
Y qué pintan los jueces ahora, dirán ustedes. Pues lo de siempre. Tienen que resolver a tiempo para que no se eche a perder la oportunidad,  si es consistente, pero los más optimistas dan por hecho que menos de dos años no nos los quita ni Dios ni el diablo. Acumulamos pues, a los problemas que de por sí aporta la insufrible burocracia, la parsimonia de la Justicia que ningún Gobierno ha sido capaz de resolver, dotando al sistema de medios para garantizar plazos razonables en su aplicación.
No es la primera vez que cito en estas líneas la frase aquella de que ‘la Justicia si es lenta no es Justicia’, pero viene al caso. Es palmario y evidente en las dos partes que cito; la resolución del Constitucional y ahora la del Supremo que, recuerden, sucede a una sentencia anterior, que tampoco se emitió en cuatro días, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León