No cesa el culebrón Delgado, pendiente de paso no vinculante por el CGPJ y la comisión de Justicia del Congreso. Sostiene Sánchez que el nombramiento de la ex ministra de Justicia como fiscal general es "impecable". Lo es en el terreno de las formalidades y el libérrimo criterio de un presidente del Gobierno. Pero no es estético, como tantas veces se ha dicho estos días.
Ahí solo juegan las apariencias. Las del sometimiento al principio de legalidad, que está tasada, es previsible y tiene que ver con el correcto funcionamiento del orden constitucional. Aquí ganan las apariencias de sometimiento al principio de oportunidad, que es voluble cambiante, caprichoso, engañoso e imprevisible, porque tiene que ver con la lucha por el poder.
En estas circunstancias, que el presidente del Gobierno haya pedido a Dolores Delgado una actuación "independiente" no garantiza la apariencia de imparcialidad en su nuevo cargo. Eso es imposible si cinco minutos antes estaba haciendo campaña como aspirante a diputada en las listas del PSOE. Nadie puede transitar en tan poco tiempo de la lógica política (oportunidad) a la lógica judicial (legalidad).
Las apariencias no engañan. El Gobierno de coalición aprovecha su ascendiente sobre la Fiscalía General del Estado para cumplir las exigencias de su pacto con ERC, inspirado en la voluntad común de "desjudicializar" el conflicto catalán y desviarlo hacia vías políticas de solución. Lo malo es que, para cumplirlas haya que "politizar" esta institución secular con la que el Ejecutivo aplica su política criminal (conjunto de acciones y criterios para prevenir y sancionar conductas delictivas), aunque con regulada cesión de estatus propio (autonomía funcional).
Esta es la clave del derecho del Gobierno a nombrar a quien le venga en gana al margen de las apariencias. De hecho, todos los Gobiernos, como es lógico, colocan a fiscales afines en la cúspide de la institución. Por tanto, carecen de sentido legal los recursos anunciados por el PP por supuesta vulneración de la separación de poderes. Es verdad que la Fiscalía está incluida en el título VI de la Constitución, dedicado al Poder Judicial, pero también lo es que jurisdiccionalmente no forma parte del mismo (el que dicta sentencias con absoluta independencia respecto a los otros poderes del Estado.
El nombramiento de Delgado no vulnera en absoluto el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, salvo que se juzgue a Delgado por falta de imparcialidad a título preventivo. Es decir, por sus intenciones, no por sus acciones, que están por ver. Y tampoco se le puede aplicar la incompatibilidad por militancia política (art. 59 del citado Estatuto), porque Delgado no es militante, aunque haya figurado en las listas socialistas como independiente.