La recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel López Ayuso, tendrá que realizar su trabajo sometida a más vigilancias y controles que cualquiera del resto de sus colegas al frente de un gobierno autonómico. El hecho de que se haya convertido en la depositaria del poder en la joya de la corona del PP ha hecho que su jefe, Pablo Casado, decida poner a su lado a una o dos personas de su máxima confianza, de tal forma que le nombra una tercera parte de sus consejeros -otros barones han puesto pie en pared ante esa pretensión- no para controlar su trabajo sino para tutelar su desempeño dado que no quieren que su inexperiencia, y algunas sonoras meteduras de pata durante la campaña electoral, empañen la labor que el PP quiere desarrollar en Madrid como ejemplo de gestión y de propuestas a aplicar en toda España. El Gobierno de Madrid se va a convertir en una terminal de la calle Génova.
Los socios que han permitido su investidura no van a ser nada benévolos con ella. Es posible que Ciudadanos nombre para una de las consejerías al expresidente autonómico del PP, Ángel Garrido, toda una afrenta para el PP que abandonó por perder el favor de Casado en beneficio de Díaz Ayuso, al tiempo que estará vigilante para que los guiños que la presidenta realizó a Vox no se concreten en aquellos aspectos en los que chocan con el acuerdo firmado entre ambos. Rocio Monasterio, la portavoz del otro partido que le ha brindado su apoyo, Vox, confirmó que han pasado de ser un socio para la investidura a otro grupo de la oposición, con la advertencia de que no renuncian a imponer sus contenidos programáticos y no están dispuestos a apoyar todos los acuerdos alcanzados entre el PP y Ciudadanos.
Por supuesto, Isabel Díaz Ayuso contará con un férrea labor de vigilancia por parte de las tres formaciones de izquierda presentes en la Asamblea madrileña para que no se produzca un mayor deterioro de los servicios públicos y se destinen más recursos a los que más lo necesitan. Y vigilarán que los intentos de dar más libertad a los madrileños no se traduzcan en medidas que supriman los derechos de determinados grupos sociales. El enfrentamiento en cuestiones educativas, de género, de violencia machista e inmigración está servido.

Pero aún hay otro control externo a la labor parlamentaria que será determinante, el judicial que puede investigar sobre su presunta implicación en dos casos de corrupción, el Púnica y en un supuesto alzamiento de bienes derivado de la quiebra de una empresa familiar. Si resulta imputada Ciudadanos pedirá su dimisión. Por lo pronto la presidenta de Madrid se ha puesto a la defensiva, ha negado su implicación en ambo casos -Francisco Granados la ha exonerado del primero- y ha arremetido contra los partidos de izquierdas por considerar que se trataba de un ataque “machista y repugnante”, cuando la mejor forma de despejar todas las dudas es la creación de una comisión de investigación en la Asamblea en la que quede clara su inocencia política.
Díaz Ayuso padecerá otro control difuso, el de sus propios compañeros de partido que han quedado por el camino a lo largo de los últimos años dispuestos a utilizar el fuego amigo para minar su carrera política. Algo de eso ya se malicia que ha ocurrido.