Óscar Gálvez

Periodista. Director editorial Castilla y León Promecal


Maroto, una designación injustificable

Los castellanos y leoneses vamos a regalar a Javier Maroto lo que los alaveses le negaron en las urnas en las elecciones generales del 28 de abril: un escaño en el Parlamento de España, al que aspiraba como cabeza de lista del PP por Álava. Lo logrará el próximo martes haciendo uso de uno de los tres escaños que le corresponden a Castilla y León en el Senado por designación de nuestras Cortes autonómicas. De acuerdo a los resultados de las elecciones del 26 de mayo, al PSOE le corresponde elegir dos y al PP uno. Llegados a este punto, la pregunta, simple y llanamente, es qué pinta Maroto ocupando un escaño que corresponde a una persona de aquí, a alguien de los nuestros, que los hay muchos y buenos y perfectamente conocedores de nuestros problemas. Precisamente, en una Cámara que, a diferencia del Congreso, es de representación de cada territorio, como evidencia la propia naturaleza de estos tres nombramientos. Bien, pues no pinta nada, exactamente lo mismo que si al expresidente Juan Vicente Herrera, en caso de querer contar con él en Madrid, le pretendieran buscar acomodo por la Asamblea de Extremadura sin haber tenido el menor vínculo con esa tierra. No solo sería un sinsentido sino que supondría pisotear la dignidad institucional (y por ende ciudadana, que no se olvide) de esa comunidad.


La principal causa para esta operación es la debacle del PP el 28-A, que dejó sin cargo a este dirigente afín al presidente nacional de su partido, Pablo Casado, que en una decisión que echa por tierra todo el discurso de la regeneración y las nuevas formas de hacer política, convierte las Cortes de Castilla y León en una puerta giratoria por la que colarle. Nadie le va a discutir al líder nacional sus razones de fondo para quererle tener cerca desempeñando un papel público relevante —previsiblemente portavoz en el Senado— pero ese empeño no puede entrar en conflicto con las formas, con el respeto a las instituciones. Lo grave no es ya que Casado haya sobrepasado esa línea sino que el PP autonómico lo ha aceptado sin rechistar y el viernes asegurase que el político vasco iba a ser un digno representante de nuestra Comunidad. Vaya papelón, siendo conscientes, por ejemplo, de que Javier Maroto ha defendido públicamente que el pequeño enclave burgalés del Condado de Treviño debe ser territorio vasco por razones administrativas, culturales e históricas. También, que estaba a favor del cierre de la central de Garoña, así como de las ‘vacaciones fiscales’ vascas, que son un agravio —que le pregunten a la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo— para el empresariado de Castilla y León, sobre todo de Burgos, por competencia desleal. Y aun con ese currículo le quieren hacer representante de nuestros intereses territoriales. Verlo para creerlo.


Si el PP regional de verdad no encuentra motivos para indignarse por este episodio y negarse a que Génova utilice las Cortes de Castilla y León para un fin que nada tiene que ver con esta Comunidad entonces sí que hay un problema. Y si en Ciudadanos, que ha crecido electoralmente gracias a un discurso de defensa de la regeneración, de poner fin a las puertas giratorias, tejemanejes y demás componendas lo apoya, estará poniendo muy seriamente en tela de juicio su credibilidad al respecto. Hay tiempo suficiente para rectificar y aplicar sentido común, pero vistas las declaraciones de ayer sábado del propio Casado parece inevitable la imposición. Incluso lo empeoró afirmando que da igual el lugar de procedencia de los senadores, que lo importante es defender la bandera y la Constitución. Pues vale, pero sin menospreciar la de Castilla y León ni el derecho de sus ciudadanos a que se designe a gente que conozca sus problemas específicos, además de los de España e independientemente de que quiera jurar o prometer lealtad una o mil veces a la Carta Magna. No estamos hablando de los famosos ‘paracaidistas’ en candidaturas provinciales —otra práctica inexplicable— que después se votan por los ciudadanos, sino de senadores por nuestras Cortes. Además, por si no se dio cuenta, su propia declaración supone de facto una puñalada al corazón del Senado, a su propia razón de ser, como si no acumulase ya suficiente desprestigio. Quedan 48 horas y, pese a que pintan bastos, también una mínima esperanza de que PP y Ciudadanos de Castilla y León frenen una doble humillación: las suyas y la de la institución, que somos todos los demás.