La Consejería de Educación ha convocado las pruebas de nivel académico (recogidas en la LOMCE –Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa-) de alumnos de 3º y 6º de primaria y 4º de la ESO. Las pruebas para alumnos de final de etapa (6º y 4º) se aplican a una muestra escogida entre todos los centros (los resultados se extrapolan a toda la Comunidad) a diferencia de los alumnos de 3º de primaria, que las realizaran todos.
Las pruebas pretenden evaluar el sistema educativo en general, no a cada estudiante en particular y pretenden obtener datos para conocer y mejorar el rendimiento del alumnado, revisar las programaciones didácticas y establecer, si fuese necesario, planes de refuerzo para mejorar el rendimiento en los cursos siguientes. Soria tiene el mayor porcentaje de objeciones a la reválida de España (en 2017, en el IES La Rambla de San Esteban de Gormaz, sólo un alumno –de los 26 de 4º de la ESO- realizó la prueba). Los que se oponen creen que son inútiles porque no sirven para aprender y que celebrarlas a fin de curso, difícilmente pueden permitir mejoras. Se critica también que no se valora el progreso del alumnado, tan sólo el resultado final independientemente del punto de partida y que sienten que es una forma de cuestionar la labor del profesorado durante todo el curso académico.
Siempre he defendido un principio: «Evaluar para conocer; conocer para mejorar» pero hay que tener claro qué se quiere saber y para qué se quiere saber. La escuela no está para enseñar, su fin es que los alumnos aprendan y evaluar sólo logros académicos es un conocimiento muy pobre. Los resultados son los efectos y es más útil actuar sobre las causas. Estudiar aspectos como el liderazgo profesional, el ambiente de aprendizaje, los niveles de exigencia, el seguimiento personalizado del progreso a través de una correcta evaluación continua o la participación de las familias proporciona mejores indicadores para establecer planes de mejora.
Y mucho me temo que en este curso nuestro alumnado volverá a ser castigado otra vez. Seguimos sin una EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) común para todo el territorio nacional. Una enorme injusticia porque es una prueba nada ecuánime entre las autonomías, lo que significa que el alumnado de Castilla y León no tendrá las mismas oportunidades para acceder a los estudios deseados -grados de “números clausus” o los de doble titulación- o se verán obligados a salir a otras comunidades con el consiguiente coste económico. ¿Cómo se puede entender que en el Informe PISA de 2015 quedara Castilla y León la mejor clasificada y que en la EBAU de 2017 ocupara el puesto 12? ¿Cómo es posible que Canarias, puesto 17-último- en PISA fuera la mejor colocada en la EBAU? En 2018 Extremadura quedó clasificada en los peores puestos de PISA; en la EBAU quedó la primera. Castilla y León, la primera en PISA descendió al puesto decimo en la EBAU. Está clara la injusticia y la falta de equidad de la EBAU. Se debería haber puesto remedio hace mucho tiempo a esta injusticia.