Editorial

La lógica rebelión de los fiscales en defensa de la independencia

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La promesa del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, de que traería de vuelta a España al fugado expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, no pasó desapercibida el lunes tras el debate a cinco. Pero aunque fue advertida y originó algún comentario en cuanto a la separación de poderes, no ha sido hasta este martes cuando se ha desencadenado la polémica. La afirmación de Sánchez, en el transcurso de una entrevista radiofónica, en el sentido de que la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno, ha sido detonante de aquella mecha que el lunes no acabó de explotar en el debate de candidatos, quizá porque había otras cuestiones entre las acontecidas en el plató televisivo de más rápido consumo político que eso. Todo se centró primero en si Sánchez no había respondido a las preguntas de Pablo Casado acerca de si pactaría con los independentistas o en quién habría podido obtener mayor rendimiento al debate en cuanto a decantar el voto de indecisos, entre otras ideas. Pero sobre el compromiso que el candidato del PSOE adquirió para traer de vuelta a España a Puigdemont nadie volvió a objetar lo más mínimo.
La afirmación de Sánchez ha desencadenado una ola de críticas en el colectivo de fiscales que puede agitar el tramo final de la campaña electoral, pues vuelve a poner en tela de juicio la independencia de los poderes ejecutivo y judicial. No deja de ser cierto que los gobiernos, sean del signo que sean, pueden solicitar a la Fiscalía la activación de cuantas actuaciones sean oportunas para garantizar el interés general, y en ese marco podrían encuadrarse decisiones en torno al conflicto de Cataluña. Pero lo dicho por el presidente  se desprende la idea de que la Fiscalía depende orgánicamente del Ejecutivo, o incluso funcionalmente, circunstancias ambas falsas. La Constitución sí otorga al Gobierno la potestad de nombrar al fiscal general y lo referido anteriormente, pero nada más. De ahí que todas las asociaciones de fiscales salieran ayer a defender la independencia y autonomía del Ministerio Público, calificando de grave error lo apuntado por Sánchez en la entrevista dado que contribuyen a generar confusión entre los ciudadanos, ya de por sí críticos con la Justicia. Y, además, da munición al entorno independentista, como ayer mismo aprovecharon el propio Puigdemont o el actual presidente  Torra, para arremeter contra la Justicia española al cuestionar su independencia. 
El Gobierno, pese a todo, insistió en que la fiscalía no es poder judicial pese a estar encuadrada en él. Su argumentación no arregla, sin embargo, ni la extralimitación de Pedro Sánchez para el compromiso adquirido en el debate ni lo expuesto ayer de manera, como mínimo, confusa. 


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