A seis meses de las últimas elecciones generales, los partidos políticos y las propias organizaciones agrarias españolas se han abstenido, y con buen criterio, de volver a vocear unos, y los otros a poner sobre la mesa de los candidatos sus propuestas para una próxima legislatura sobre la que se mecen casi los mismos interrogantes que sobre las anteriores.
Con los Presupuestos prorrogados, y con ello la dificultad para adoptar iniciativas o actuaciones de calado, la actualidad en materia agraria, desde las elecciones anteriores, solo ha estado salpicada por la sequía, la imposición de aranceles por parte de la Administración norteamericana a vinos, quesos o carnes, los temores que se mantienen en las exportaciones en relación con el Brexit, la caída de los precios en el aceite o los valores disparados del porcino a la sombra de la falta de oferta china provocada por la peste en ese país.
En materia de política agraria el balance de un ministerio en funciones y con unos cuentas prorrogadas intocables, se ha concretado en medidas de continuidad donde destacan los trabajos en marcha para la ordenación de los sectores ganaderos ante las nuevas exigencias en materia de sanidad, bioseguridad o bienestar animal y el inicio de actuaciones para ir a una autorregulación de la oferta en sectores como el vino y el aceite. 
Iniciativas como la elaboración de una Ley Básica de la Agricultura y la modificación de disposiciones que datan de hace varias décadas se han quedado en la recámara, mientras los debates sobre la futura Política Agrícola Común y la elaboración del Plan Estratégico sobre el que aplicar la misma han constituido la principal actividad desarrollada por el departamento
De cara a la nueva legislatura, se puede decir que sigue vigente el programa inicial del ministro Luis Planas desde su llegada al departamento cuyas líneas directrices se concretaban en una mejora de la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrarias, la mejora de los riegos y el uso más eficiente del agua, la lucha por el relevo generacional y contra el despoblamiento rural, la digitalización del medio, el incremento en el reparto del valor en la cadena alimentaria, los seguros o dar más visibilidad a la mujer rural.
Para lograr esos objetivos, el ministro de Agricultura planteaba medidas como la innovación y el desarrollo, la transparencia de los mercados, el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores; planes para la modernización de las producciones; avances en sanidad animal y vegetal; mejoras en el funcionamiento de la cadena alimentaria o una mayor vertebración de la oferta y la integración cooperativa. Casi todo ello, con la Política Agrícola Común como referencia y las negociaciones en marcha para su reforma. Mucha tela y algunas repuestas para el corto período de gobierno.
Con las nuevas elecciones a la vista, cualquier programa agrario que tenga los pies en el suelo no puede pasar por alto la necesidad histórica de una mejora de estructuras ordenada en lugar de que cada agricultor o ganadero la haga en solitario, dejando los pelos en la gatera en aras de lograr una mayor sostenibilidad, eficiencia, competitividad, ahorro de costes, eficiencia de regadíos y el respeto al medio ambiente. 
Es fundamental avanzar y mucho en la política de asesoramiento, de lo que ahora se llama transferencia del conocimiento, que es simplemente lo que hacían hace 60 años las personas de las Agencias de Extensión Agraria que acaban de celebrar ese aniversario. La información y el asesoramiento a pie de campo constituyen una pieza clave para comenzar a construir otra política agraria, estrategia que no acaban de asumir las comunidades autónomas a quienes se pasaron esas competencias.
Desde la base del sector agrario se impone seguir avanzando en el asociacionismo, en la integración de la oferta cooperativa, reconociendo que se trata de un objetivo perseguido sin éxito durante décadas y donde no se pueda hablar de triunfo en la ley de Entidades Asociativas Prioritarias.
Siguiendo la cadena hacia arriba, Agricultura tiene pendiente y debe adoptar una posición sobre cuestiones como la persecución de la venta a pérdidas y la Ley de la Cadena para lograr el tan cacareado equilibrio de intereses. 
La gran distribución debe asumir unos mayores compromisos en materia de sostenibilidad de la actividad agraria, aunque se trata de un objetivo difícil cuando los grupos minoristas solo están apostando por vender más a precios más bajos, destruyendo riqueza y actividad en el sector primario.
Para el gremio, además de los precios percibidos, es fundamental lograr una reducción de los costes en medios de producción, mayor control de los beneficios ante el peso más fuerte de los grandes grupos de la industria. Los gastos de producción que hace una década suponían una tercera parte del valor de la Producción Final Agraria, en la actualidad han pasado a significar casi la mitad, lo que se traduce en un deterioro de las rentas. Es indispensable mantener y potenciar los fondos para el seguro agrario y revisar entre todas las partes las condiciones de los mismos para que sean más eficientes e interesantes para agricultores y ganaderos por la relación entre primas y las ganancias.
Al margen de los retos en política agraria nacional, el eje de los debates en los próximos meses pasa por lo que supone para el sector las negociaciones para la reforma de la PAC en Bruselas de cara a lograr los fondos necesarios. No menos importante será la letra pequeña para su aplicación en España con equilibrio entre los intereses de todos los territorios, producciones, agricultores y ganaderos y sobre lo que deberán mojarse Agricultura y las autonomías. 

Convergencia. En ese contexto se deberán definir sobre lo que es un agricultor genuino o quien vive principalmente de la actividad agraria y afrontar otros aspectos más polémicos como la necesaria convergencia de ayudas entre territorios y sectores, acabar con los derechos históricos, replantearse los que son de pago básico con agricultores u operadores con títulos sobrantes, derechotenientes, y otros propietarios de parcelas con sus tierras sin derechos complicando aún más la ya compleja PAC.
En materia de mundo rural, requiere un debate profundo y valiente la salida justa de los jubilados de la actividad y la incorporación de los pocos jóvenes que se quieren asentar en el medio.
Y no se puede dejar a un lado la falta de clarificación sindical, con una organización como la Unión de Uniones, presente con fuerza en varias regiones y alejada de las mesas conjuntas del ministerio en Atocha. 
 En Agricultura, parece obvio que, llegue quien llegue al departamento, se va a imponer una continuidad que no ha sido mala en los años precedentes para una industria que se ha visto obligada a modernizarse para sobrevivir. 
Y, de cara a estas elecciones, no han hecho falta más repeticiones de declaraciones programáticas tipo Luis Planas o las 60 medidas de Miguel Arias Cañete continuadas por Isabel García Tejerina. Con lo que hay sobre la mesa, hay trabajo suficiente para más allá de una legislatura y para solucionar los interrogantes más importantes del sector.