La falta de concreción en algunos aspectos que plantea el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional,  que tendría su sentido si se actúa exclusivamente, en línea con lo que plantea la UE, para defenderse de noticias falsas que traten, por ejemplo, de interferir en procesos electorales o causar otros tipo de daños,  hace que se aproxime a una línea roja en la que se puede entender una vulneración de  derechos constitucionales, dando carta blanca al poder para terminar controlado aquello que no le satisfaga a sus intereses políticos.
Editores y periodistas han sido los primeros en mostrar esta preocupación porque, por la ambigüedad del texto, se puede pensar que se trata de dotar de medios jurídicos a órganos en los que no solo intervienen los servicios de inteligencia o de seguridad nacional sino que también está muy presente el Gobierno, a través de la secretaría de Estado de Comunicación,  y el Gabinete de Presidencia. Por tanto, lo primero que cabe requerirle al Ejecutivo es que aclare las funciones del comité y quede claro un blindaje del artículo 20 de la Constitución por el que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones.  
Actualmente hay suficientes mecanismos jurídicos que garantizan a los ciudadanos la posibilidad de defenderse de una posible mala praxis de un medio de comunicación. Si un medio o un periodista incumplen la ley,  para sancionarlos están los tribunales.  
Donde también tiene que actuar el Gobierno, aparte de profundizar en su intención de protegerse de un combate a grandes niveles que modifique la opinión de los ciudadanos con fines interesados y espurios, con la «toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional»,  es en legislar para acabar con la impunidad de acosadores y manipuladores y quien esparce insultos y ataques al honor y la intimidad de los ciudadanos en las redes sociales, incitando al odio, incluso desde el anonimato, pero dando instrumentos a los jueces para poder intervenir.  Y, desde luego, es básico intervenir en el campo de la educación, para que los jóvenes aprendan a formarse una opinión crítica. 
A la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, le ha traicionado el subconsciente cuando declara en TVE que  «se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público» y que «no sólo el poder judicial tiene que garantizar el derecho a una información veraz».  Aclarar y rectificar es la misión del Gobierno, en estos momentos, para hacer efectivo exclusivamente las amenazas a los procesos democráticos y a bienes públicos tales como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.
Para dictaduras ya nos está dando buen ejemplo el aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, referente de dirigentes de la ultraderecha española, que piden oraciones para él a través de redes sociales,  y que dice sin cortarse que es ganador de las elecciones o, en caso contrario, es que ha habido un fraude. Aquí las falsedades se cortaron de raíz.