China se ha convertido en un mercado persa. La globalización ha favorecido la deslocalizacción de la producción de materiales que ahora se han convertido en estratégicos. Hay quien está haciendo negocio con la tragedia por medios poco éticos. Estás son algunas de las reflexiones que se escuchan a los responsables sanitarios de todos los niveles de las Administraciones Públicas, que están pendientes de la llegada de unos aviones procedentes del país asiáticco que no acaban de aterrizar.

El Gobierno central, los autonómicos, la Unión Europea, la OTAN, están a la búsqueda y compra en los mercados internacionales de los equipos de protección individual para atender a los enfermos de coronavirus, de respiradores para la atención de los más graves, de mascarillas y guantes para evitar los contagios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha anunciado la compra de material suficiente para Los 27 en China, sin embargo el reparto no se realizará antes de dos semanas. La ayuda solicitada a la OTAN tampoco llegará de forma inminente porque la coalición militar no tiene un depósito centralizado al que recurrir.

El debate sobre las compras centralizadas por parte del Gobierno, que han ido en paralelo a las gestiones realizadas por las comunidades autónomas, que han contado con el apoyo gubernamental, no con su obstrucción, no puede convetirse en el pimpampum de esta crisis porque la imprevisión ha sido generalizada, la del Ejecutivo en el momento en que comenzaba a vislumbrarse la amplitud de la pandemia, porque también estaban desprovistos los depósitos de las consejerías de Sanidad de las comunidades aútonómicas, varias de las cuales han activado los contactos con sus proveedores habituales para hacerse con suministros. La llegada a España del primer avión procedente de China con material para la Comunidad Valenciana fue posible gracias a la intervención de un empresario chino afincado en la región, mientras que las compras realizadas por la Comunidad de Madrid, tampoco llegaron en el tiempo previsto.

Una vez más vuelven los tiempos de espera. El anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa de la formalización de un contrato por valor de 432 millones de euros para la adquisición de los equipamientos necesarios se extenderá a lo largo de ocho semanas, pero las primeras remesas no llegarán hasta la próxima, después de haber cerrado el acuerdo con proveedores que practicamente trabajarán en exclusiva para nuestro país. Illa relacionó la adquisición con la conversación mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el jefe del Estado chino Xi Jinping.

Lo que sí han comenzado a llegar son las querellas judiciales que apuntan en todas las direcciones, una la de la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad de Madrid, para que en el término de 24 horas provea a todos los centros sanitarios y servicios de emergencia del material necesario para afrontar la pandemia, y otra presentada por el reaparecido sindicato Manos Limpias contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por haber autorizado la celebración de la manifestación del 8-M, por un delito de imprudencia grave. Tampoco se salva el ministerio de Sanidad contra el que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo. Lo más probables es que la epidemia haya remitido antes de que la justicia dicte sentencias.