Llamó una oyente a la radio en la que en ese momento yo me encontraba para acusar a Pedro Sánchez de haberse cargado la separación de poderes de Montesquieu. Le respondo que no ha hecho tanto el presidente del Gobierno en funciones: simplemente -y nada menos- sugirió que había dado instrucciones a la Fiscalía para que agilizase la extradición a España de Puigdemont. Un lapsus presidencial que ha enfurecido a los fiscales, que rechazan depender del Gobierno y reiteran su imparcialidad. Pero este conflicto, ahora en la recta finalísima de la campaña, no es nuevo: las pugnas entre el tercer poder (el Judicial) y el primero (el Ejecutivo) son frecuentes y, a veces, sonadas. Y no pocas veces el Gobierno, los gobiernos, tiende(n) a creer que la Fiscalía, como la Abogacía del Estado, están subordinadas a los dictados del Ejecutivo. 
Acepto que nuestros gobernantes, y no hablo solamente del actual presidente en funciones y su equipo, tienen una concepción acaso demasiado laxa de lo que es la separación de poderes. La propia vicepresidenta Carmen Calvo amenazó con que, si Bélgica no extradita a Puigdemont, "tomaremos nuestras decisiones". Olvidaba que son los jueces belgas, que han pospuesto la vista en el tribunal hasta el 16 de diciembre, quienes tienen que acordar o no la extradición del muy molesto prófugo. 
Y no, ni Bélgica, siempre reticente a acoger las peticiones del Gobierno español, ni Gran Bretaña, que pone 'egas a la extradición de la señora Ponsatí, ni Alemania, donde pasó lo que pasó cuando detuvieron allí al hoy residente en Waterloo, comparten muchos puntos de vista de los gobernantes españoles en cuanto a la levedad de las demarcaciones entre los distintos poderes. Y así lo hacen constar no pocos medios extranjeros, ante los que el independentismo ha hecho una labor mucho más eficaz que el constitucionalismo. Y es que España carece de leyes bastantes para defender al Estado. 
No me extraña, la verdad, el patente desconcierto que al respecto se vive en este país nuestro: los ejecutivos han detentado siempre un poder de decisión excesivo, mientras el Legislativo ha tendido a ser inoperante -ahora lleva meses casi sin funcionar- y con el Judicial han tratado de jugar unos y otros; ahora, tanto el Consejo del Poder Judicial como el presidente de este Consejo y del Tribunal Supremo llevan 10 meses habiendo sobrepasado su mandato legal para renovarse, tomando decisiones que ya no les competen y que son consideradas "abusivas" por algunas fuentes judiciales. 
Del llamado cuarto poder, no especificado por Montesquieu, mejor ni hablamos. La propia Radiotelevisión Española lleva instalada en la provisionalidad desde hace año y medio, lo que facilita que le lleguen desde muchos sectores las críticas, a veces ciertamente injustas, de parcialidad en favor del Gobierno. 
No sé qué nota pondría Montesquieu, si levantara la cabeza, al seguimiento que el Gobierno español (y los otros poderes) hacen de su doctrina: seguramente huiría despavorido, gritando no es esto, no es esto. Los poderes aquí no se vigilan ni se controlan unos a otros: todos trampean y se zancadillean. El propio Quim Torra, nos lo han reiterado ahora desde las investigaciones de las fuerzas del orden, trató de tomar el Parlament catalán y hacerse fuerte allí en su intento de forzar la independencia. No puede haber mayor desprecio a Montesquieu que este nuevo intento golpista.
No sé si me dejo llevar demasiado lejos por el optimismo, pero solo puedo confiar en que las elecciones de este domingo empiecen a arreglar las cañerías. Es necesario, mediante pactos para la investidura y luego para la gobernación -a Sánchez no hay que dejarle gobernar en solitario, pero acepto que, como el más votado, deberá gobernar-, serenar el ánimo político y retornar a las esencias más puras de la democracia. De las que a veces, y obviamente no solo, ni principalmente, en alguna declaración frívola y precipitada del presidente en funciones, nos estamos apartando.