El debate sobre la reubicación de sedes de organismos gubernamentales da rabia porque es un engañabobos. Si la gente que se deja atrapar por el forofismo de su provincia/región conociera muchas de las cifras que acarrea no ya el traslado sino la existencia en sí de muchos de esos departamentos, cambiaría el foco y se daría cuenta de que el dilema no es «dónde» sino «qué» y «cuánto» cuesta: el debate no es dónde emplazar sino reformar.
Sabido es que nuestra administración es dúplice, cargada de organismos con funciones solapadas, como lo demuestra el hecho de que cuando hay que financiar suele hacerse a escote de varias administraciones lastradas por costosos mecanismos de funcionamiento cuya pertinencia nadie evalúa. Además del solapamiento, muchos organismos adolecen de obsolescencia decimonónica. Y como tercera lacra, la falta del impulso digital, ése recurso de futuro que hace que la administración esté en el ordenador o el teléfono del administrado y no en el «albacete» de turno. Algunas instituciones tienen todos los males en uno. Ejemplo: ¿qué utilidad tiene en esta época de transformación digital el Defensor del Pueblo y para qué tantos como autonomías?.
Esta polémica sólo servirá para que Pedro Sánchez alimente su discurso primario contra Madrid y se pavonee lo mismo que, al fondo de la pista, Díaz Ayuso reste de revés ofreciendo su versión más goyesca como aquél «que nos los llevan» que dio lugar al dos de mayo contra los franceses. Lamentablemente un debate de futuro y larga data como es la reforma de la administración para abaratarla y optimizarla va a caer en mano de políticos cortoplacistas, tan profundos como un charco, que abusan de la ignorancia del común para perpetuarse en el machito «pro manduca». No caigamos en la trampa: la de las sedes no es una disyuntiva, es una falacia.