El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que rectificar sus declaraciones en las que subordinaba las decisiones de la Fiscalía al Ejecutivo. Ha sido tal el aluvión de críticas, con mención expresa a la nueva muerte de Montesquieu y la separación de poderes, que se ha retractado ayer para hacerse disculpar el error y tratar de captar los votos de los indecisos que inclinarán el fiel de la balanza.
Aunque las razones dadas para su metedura de pata son un tanto peregrinas -falta de concreción, cansancio, exposición mediática- su intención de ayudar a la Fiscalía en el intento de que los políticos del procés huidos acaben ante la justicia española, puede tener un efecto contraproducente en Bélgica y en Reino Unido.
El error de Pedro Sánchez, sin embargo, puede tener un efecto positivo para el funcionamiento futuro del ministerio fiscal y de quién se encuentre a su frente, porque todos los líderes políticos, sobre todo el presidente del PP, Pablo Casado, han incidido en la independencia que ha de mantener la fiscalía con respecto al poder Ejecutivo.
Aunque los fiscales no son independientes en el mismo sentido que lo son los jueces, si tienen reconocida su autonomía en el Estatuto Fiscal y es cierto que en los últimos años los fiscales han marcado su territorio con respecto a las decisiones del Gobierno. Pero les ha costado caro. Recuérdese la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por discrepancias con el Gobierno de Mariano Rajoy, en torno a la actuación de la fiscalía con respecto al referéndum ilegal del 9-N de 2014, o las quejas de dirigentes populares sobre su actuación en el caso Bárcenas. Su sustituta, Consuelo Madrigal, tampoco fue refrendada en el cargo cuando se pudo hacer, porque demostró ser también demasiado autónoma. Para evitar esos problemas el Gobierno de Rajoy, en su segunda legislatura, designó al fallecido magistrado José Manuel Maza, que desde la fiscalía intentó controlar las investigaciones más incómodas para el Gobierno y el PP. Y no se puede dejar de citar el nombramiento como fiscal anticorrupción de Manuel Moix, que intentó impedir varios registros relacionados con la ‘operación Lezo’, que acabó llevando a la cárcel al presidente de Madrid, Ignacio González, y del que se sabía que era “amigable” con el PP, según el ex ministro Eduardo Zaplana.
Por tanto, el desatino de Pedro Sánchez no debe servir más que para congratular al mundo judicial, porque tras la defensa de la independencia de los fiscales es previsible que ningún otro presidente del Gobierno del PP se atreva a interferir en las decisiones que se adopten desde la Fiscalía General. A no ser que esa actitud tenga un alcance meramente electoral, haya sido munición para atacar al adversario -bien es cierto que por un desliz imperdonable-, y se olvide a la hora de elegir a quien deba ocupar el cargo.
Si vuelve a ganar las elecciones y a formar gobierno, Pedro Sánchez tendrá oportunidad de demostrar si, en efecto, es respetuoso con las decisiones de la Fiscalía General y renueva en el cargo a la actual titular, María José Segarra, que ha mantenido la acusación de rebelión contra los líderes del procés, aunque los jueces hayan dado la razón a la Abogacía del Estado que cambio de criterio y los acusó de sedición.