En apenas una semana de gestión del nuevo gobierno de coalición progresista ya tenemos agolpadas sobre la mesa bastantes actuaciones que definen lo que va a ocurrir en España los próximos años, sean dos, tres o cuatro a lo que se extienda su duración. La subversión de lo establecido será una de las claves. Pedro Sánchez no ha llegado a la vida pública para conformarse con las estructuras existentes, las que le han llevado hasta el poder, sino que se cree depositario de una misión que se traduce en romper con las rutinas de la democracia y hacer cosas nuevas aunque no sea estrictamente necesario el cambio, incluso aunque sea desaconsejable. Extendamos esta premisa a su socio y vicepresidente. La rectificación de sus posiciones anteriores, con el consiguiente engaño a la opinión pública, es algo que ahora también comparten Sánchez e Iglesias, con el giro que el líder de Podemos ha dado en su posición sobre la ex ministra de Justicia a quien deploraba hace dos meses y a quien ahora justifica cómodamente sentado en su sillón. Las hemerotecas se relamen de gusto con ambos personajes, aunque la polémica y los mensajes virales con sus contradicciones a ellos no les alteran ni un ápice, es más, se suman al cachondeo general que provocan. Ya lo dijimos, la perversión de todo lo establecido.

Pero de estos primeros siete días lo más destacable es el catálogo de mordazas que el nuevo gobierno se dispone a colocar a diferentes resortes de la sociedad española con el fin de no desairar a quienes en realidad le sostienen con sus votos. A los jueces, desde los platós de televisión recordándoles que no pueden anteponer su ideología a sus decisiones judiciales, salvo que uno se llame De Prada y ponga en la sentencia del caso Gürtel opiniones que sirvan para tumbar un gobierno del PP. A los fiscales, colocando como máxima responsable de la Fiscalía a una diputada socialista que acaba de traspasar la cartera de Justicia y para quien no hay incompatibilidad alguna, como sí la hay para los demás. Al Congreso y al Senado, rompiendo la tradición de celebrar la reunión del Consejo de Ministros en viernes y llevándola al día de la semana en que comienzan los plenos de las Cámaras despreciando el control al ejecutivo. Y a los pocos medios de comunicación y periodistas que no avalan sus políticas, anunciando una estrategia nacional contra la desinformación que vigilará los contenidos poco adecuados que se interpongan en la tarea del gobierno.

Una distopía en toda regla que se instala cómodamente a lomos de una irresponsable mayoría parlamentaria, que no social, cuyo verdadero destino está aún por escribir.