De todas las iniciativas y acciones políticas que el presidente del gobierno ha realizado o planeado desde la moción de censura de hace tres años, la concesión de los indultos a los condenados por el golpe al Estado del independentismo catalán es la más grave y desafortunada de todas. Aunque esté en fase embrionaria. Y eso incluye la repetición de unas elecciones generales por puro interés personal/partidista. Y eso incluye el abrazo en coalición con todos aquellos sobre los que juró laicamente que nunca pactaría, en un considerable engaño al electorado del que los electores han comenzado a cobrarle la factura esta primavera. El proceso por el que estamos asistiendo a la digestión de tan arriesgada decisión está siendo lento y muy preparado, cargado de intencionalidad y sostenido con argumentos que puedan ayudar a que los españoles se traguen el anzuelo hasta la campanilla. De sostener en Bruselas (¡en Bruselas!) que la Constitución no defiende en su espíritu ni la venganza ni la revancha, Sánchez pasó en apenas unas horas a divulgar entre creyentes y no creyentes de su particular credo político que la ley de leyes prevé un tiempo para el castigo, y un tiempo para la concordia. El golpe a la Justicia española es de proporciones históricas: un presidente que considera venganza o revancha el cumplimiento de las condenas de los tribunales.

Pero, ¿a qué concordia apela el presidente?. No puede apelar a la de quienes afirman que volverán a delinquir en la misma dirección que lo hicieron en octubre de 2017. Nadie puede creer en ese tipo de fraternidad con dirigentes que han expresado su voluntad expresa de reincidir en el delito, porque quienes quiebran cualquier posibilidad de concordia son ellos, no el sistema que les aplica un castigo sobre la base de leyes democráticas que ellos conocían, asumieron en sus juramentos y acabaron vulnerando. Cierto es, como se recuerda estos días, que todos los gobiernos han aprobado indultos, Rajoy el que menos, Zapatero más de sesenta y Aznar más de cien. Pero no sin arrepentimiento ni con vergonzosas y evidentes contrapartidas en forma de votos para seguir en La Moncloa. Esas dos circunstancias hacen de estos indultos aún en fase de elaboración un trágala para la sociedad española que el gobierno debe empeñarse a fondo en justificar, pese a que no tenga justificación posible como ha confirmado esta semana el Tribunal Supremo.

Para que se conceda un indulto deben alinearse además, desde julio de 1870, resortes de Estado a los que el ejecutivo no puede doblar la mano sin que haya consecuencias. La fiscalía, el juzgado de vigilancia penitenciaria, los perjudicados por el delito que somos todos los españoles. Sobre todo éstos últimos serían los estafados, y en manos de ellos quedaría la respuesta en las urnas por muy larga que sea la legislatura.