La transparencia para un gobernante consiste en ofrecer siempre a los ciudadanos la información relevante sobre la acción de gobierno, a través de los medios de comunicación en igualdad de acceso para todos ellos. Esto último es importante porque cualquier ventaja que se dé a un medio sobre los demás pone en duda las verdaderas intenciones de quien administra, especialmente si se hace seleccionando al agraciado por afinidades ideológicas. De modo que ser transparente se traduce en difundir comunicados de forma ágil, ofrecer comparecencias ante los medios siempre que sea necesario, habilitar a los asesores de comunicación para que aclaren cualquier punto dudoso a los periodistas que lo requieran y garantizar que la información oficial llega a todos. Nada que ver con la inutilización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que se viene produciendo desde el inicio de la pandemia y que ha tenido como máximo exponente la ditirámbica opacidad respecto a los expertos que asesoran al gobierno, cuya identidad sigue oculta pese a las denuncias reiteradas en los medios.

Hoy todos presumen de máxima transparencia, aunque en la trastienda en la que se mueven los hilos del poder sea muy cuestionable su forma de mantener informada a la ciudadanía. Una de las herramientas más comunes de los gobernantes que alardean falsamente de transparencia es la filtración interesada de dosieres, informaciones, investigaciones o datos, casi siempre con la intención de conseguir un fin espurio. Esta semana saltaba a la primera página la negociación del rey emérito con Hacienda para regularizar unas cantidades de dinero. Una petición de don Juan Carlos que ha salido a la luz de forma traicionera e incluso podría ser hasta irregular, porque no se pueden dar a conocer datos de ningún contribuyente. Como es lógico, nunca se conocerá quién ha sido el filtrador, pero sí sus objetivos: continuar horadando el prestigio de la institución monárquica, dejar indefenso al emérito, contribuir al desapego de los españoles no hacia el anterior jefe del Estado sino hacia el actual, y avanzar un poco más hacia un cambio del modelo institucional del país, de una monarquía parlamentaria a una república si puede ser de dos partidos únicos predominantes, tal y como sus líderes están repitiendo constantemente en las últimas semanas.

Siempre se filtra para dañar a alguien. Y esta vez la víctima es conocida. No puede defenderse, no puede alegar, no puede dirigirse al director del periódico que ha publicado sus datos confidenciales para ejercer sus derechos. No puede comparecer públicamente para explicar por qué se acoge escrupulosamente a la ley en vigor como hacen otros muchos españoles. Por no poder, no puede ni siquiera volver a su país por Navidad, pese a que ningún juez le ha acusado ni procesado por los hechos sobre los que ha caído ya la sentencia mediática de costumbre.