Los he llamado atávicos, en el titular, porque son de toda la vida. Desde que tengo uso de razón, periodística me refiero, ya me consta que las bajas en una licitación pública, otrora llamadas temerarias, suponen un riesgo grande para el desarrollo de la obra que ha salido a concurso, o subasta.
El vicio se basa en buscar la oportunidad para quedarse con la obra, aunque haya que rebajar en un 40% el precio de salida que oferta la administración que sea y luego buscar ardides para compensar lo que podría ser una pérdida en el negocio, si no salen las cuentas. Es lo que ha pasado con la presa del río Linares, o Mayor, en las Tierras Altas. En números redondos el ministerio de Fomento y medio Ambiente subastaba a la baja a partir de 6.100.000 de euros en números redondos. La empresa Sarrión, en UTE con la soriana Aglomerados Numancia ofertó 3.700.000, también en cifras sin detalle.  De buenas a primeras para la obra, en principio por la llegada del invierno, pero luego no la reanuda y procede a una ‘reclamación patrimonial’, eufemismo que se traduce en ‘dame más pasta que no me llega con la que acordamos. o si no, paro la obras y como sabrás es una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua de boca a toda una comarca’.
En esta tesitura pueden ocurrir dos cosas, que la administración ceda, porque en efecto, es más que urgente la obra, o que se resista a esta especie de chantaje y se negocie la cuantía que supone el rescate de los que son rehenes de esa carencia desde hace muchos años. Al parecer estamos en esta última situación, pero sin acuerdo, de momento. La alternativa es denunciar el contrato y proceder a una nueva adjudicación. Consecuencia, que se puede judicializar el problema y en ese caso, con perdón, estamos jodidos. Échenle años de retraso, entre que se resuelva en todas las instancias posibles y luego lo que dure una nueva adjudicación que no es poco.
Así las cosas el que suscribe estas líneas no sabe qué pensar. Una solución es mala y la otra peor, pero lo que sí tengo claro es que es urgente redactar y aprobar una nueva reglamentación en los contratos de obra pública  para que esta situación no sea tan frecuente, o como mínimo que se complemente con un articulado que se ocupe de penalizar actuaciones de este pelo. La inhabilitación para concurrencia a otras convocatorias es una posibilidad pero, ya saben lo sencillo que es cambiar la razón social de una empresa y volver a las andadas. No obstante, doctores tiene la iglesia para trabajar sobre el asunto. Insisto, el caso citado, no es el único. Estas añagazas son demasiado frecuentes y por algún motivo nadie las ataja.