Las pensiones son la columna vertebral del Estado de bienestar tanto por la amplitud de sus beneficiarios como por la red de solidaridad y protección que representan en tiempos de crisis, como se demostró en la crisis económica a partir de 20008. El Sistema Nacional de Salud, la garantiza la sanidad pública y universal de todos los españoles y de quienes viven en nuestro país y ha conseguido que los españoles tengamos una de las expectativas de vida más altas del mundo. La educación es igualmente pública y gratuita, con el complemento de la educación concertada, que relaciona obligatoriedad y libertad de los padres. El Gobierno socialista, bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una nueva extensión del Estado de bienestar, la ley de Dependencia, muy vulnerable a las crisis económicas como se demostró con el Gobierno de Mariano Rajoy que congeló su aplicación.

La quinta pata del Estado de bienestar, el ingreso mínimo vital, acaba de ser aprobada con carácter general por el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos, y pretende llegar a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas para evitar que caigan en la pobreza extrema mediante una paga mensual que puede ir desde los 462 a los 1015 euros según las circunstancias familiares, con un costo de unos 3.000 millones de euros anuales. Una vez que un instrumento de estas dimensiones comience a andar se pondrán de manifiesto sus carencias, sus problemas, las consecuencias en el mercado laboral, los problemas que deberán afrontar las comunidades autónomas, como una vez más unos invitan y otros pagan, o como se solapan competencias. Son los problemas habituales cuando se introduce en la vida política y económica un mecanismo tan potente, porque unos temen que conlleve una subida de impuestos, otros que “la paguita” disuada de la búsqueda de empleo, y en fin, un sinnúmero de inconvenientes relacionados con la ampliación de una sociedad subvencionada, e incluso que pueda suponer un acicate para la economía sumergida, como han manifestado desde la patronal, con la contradicción intrínseca de que son los empresarios o autónomos los que deben hacer lo posible para evitar que esa circunstancia se produzca.

Bienvenido sea este nuevo derecho de la ciudadanía, que obligará a los responsables políticos a resolver, poner al día, a cuidar su aplicación, que beneficiará a personas vulnerables que lo son por una casuística tan variada que una generalización sobre los próximos beneficiarios supone una temeridad, sobre todos cuando afecta a personas que no han terminado de recuperarse de las consecuencias de una crisis cuando se han visto inmersas en otra.  

Erradicar la pobreza extrema, acabar, o al menos intentarlo, con la vergüenza de las colas del hambre que han proliferado en los dos últimos meses como una perfecta visualización de las consecuencias de la pandemia del covid-19, es un proyecto cuya puesta en marcha hace olvidar la bronca política interna en el seno del Gobierno de coalición superada por la vía de los hechos, y que nos acerca a otros países que tienen este instrumento en la panoplia con la que tratan de luchar contra la desigualdad. Hasta el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha apuntado a la teoría del círculo virtuoso de la economía: a más dinero en manos de las familias, más gasto y más producción.