Editorial

La dependencia, las querellas y el archivo

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La petición de ‘archivo’ de la Fiscalía del Supremo a la sala del Alto Tribunal en el que se ventilan las querellas interpuestas contra distintos miembros del Gobierno por su supuesta responsabilidad en la elevada morbilidad de la pandemia ha catalizado toda suerte de interpretaciones, pero conviene separar la responsabilidad imputada en esos escritos, una veintena, de la de haber llevado a mínimos la credibilidad de la división de poderes. A Sánchez le perseguirá para los restos el haber echado por tierra el crédito de la Fiscalía cuando era presidente en funciones y se creía capaz (y lo está siendo, a la vista de los acontecimientos) de moldear a capricho o necesidad política las decisiones en torno al proceso contra los políticos catalanes por entonces -y por hoy- incursos en causas por las que no han respondido, caso de Carles Puigdemont. «¿La Fiscalía, de quién depende? Pues ya está». Pues estará, pero no sin consecuencias que son mucho más graves de lo que pueda presumirse. Porque el descrédito de la equidad de la Justicia es no solo una grave patología para la democracia, constituye también una de las formas de desigualdad más execrables que hay en una sociedad desarrollada.
Ahora, la Fiscalía -del TS, en este caso- ha cortado por el mismo patrón la respuesta a las querellas, si bien es potestad de la Sala actuar como considere. Y entramos aquí en la otra gran variable del debate: los argumentos. La piedra clave de la petición de archivo está en que nada pudieron hacer los señalados para actuar a tiempo de evitar las desastrosas consecuencias de la pandemia. Salvo para una forma párvula de entender la política, no tiene sentido pensar que en el seno de este o cualquier otro ejecutivo residiera la intención de causar daño alguno a la población. Para entender eso no es necesario entrar en alambicados laberintos jurídicos, basta el sentido común. Pero gobernar consiste en tomar decisiones que tienen un impacto directo sobre la vida de las personas, y ahí sí existe una responsabilidad política que no se puede achicar.Perseguir la culpa del Gobierno en sede judicial solo sirve para que los señalados se aferren a escritos como el de la Fiscalía para lavarse de otras responsabilidades que son inherentes al cargo. 
Más inquietante aún resulta el señalamiento de la Fiscalía a las comunidades, a las que invoca como ejemplo de inacción puesto que ninguna exigió aplicar antes el estado de alarma. Es un parapeto inaceptable puesto que la dimensión de la crisis exigía una respuesta estatal, algo admitido de forma explícita en las propias decisiones del Ejecutivo, tales como invocar el mando único o limitar derechos fundamentales. Pero, además, es un argumento tan clavado al elegido por Moncloa para lavarse las manos que invita a pensar que Sánchez no ha cambiado de opinión sobre quién maneja a la Fiscalía.



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