Las elecciones celebradas el pasado 28 de abril ratificaron a los socialistas al frente del Gobierno para los próximos cuatro años. Al margen de los acuerdos de investidura que se puedan cerrar en las próximas semanas, todo hace pensar que, en el caso de Agricultura, habrá una situación de continuidad en los equipos. Y cuatro años ya son un periodo suficiente para plantearse retos que puedan suponer trabajar para sentar unas bases para el futuro. En esta dirección, al margen de las respuestas a los problemas de coyuntura, objetivo del equipo de Atocha es proceder a una revisión de los grandes ejes normativos de la política agraria para que las diferentes disposiciones tengan la máxima eficiencia en aras de lograr un sector más moderno, rejuvenecido, con mejores estructuras y más competitivo.
A partir de estos comicios, los responsables del Ministerio se enfrentan a dos retos engarzados con los trabajos desarrollados en los meses precedentes.
De una parte, sobre la mesa están los trabajos y las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común, en primer lugar, con los presupuestos en Bruselas como punto de partida. En una segunda fase están los debates que se presumen fuertes sobre todo por las diferencias entre Comunidades Autónomas para su futura aplicación en España, con la convergencia de ayudas entre regiones y cultivos como uno de los retos. Actualmente, deben proseguir los análisis para la elaboración de ese Plan Estratégico donde quepan todas las medidas contempladas en la nueva reforma.
De otro lado, se halla la política agraria nacional donde, con unas economías globalizadas, son indispensables estrategias también globales, bien definidas más allá de los aspectos coyunturales.
 Durante las últimas décadas, se podría concluir que la política agraria ha estado más enfocada a hacer frente a los problemas del día a día, que al diseño de estrategias totales que puedan afectar a la vida de una explotación. Consecuencia de todo ello es que durante años se repiten las mismas demandas de las organizaciones agrarias y también los mismos compromisos de los partidos políticos, solo con algunas muy ligeras modificaciones o incorporaciones en aspectos como el cambio climático o las energías alternativas y ahora con el descubrimiento urbanita y la urgente preocupación de los partidos por el despoblamiento rural. 
Sobre la mesa estaban hace un década y siguen hoy reivindicaciones clásicas como la ordenación de la oferta, la integración cooperativa, el control en los precios de los medios de producción, las tarifas eléctricas en los regadíos, la cadena alimentaria, la venta a pérdidas, la modernización y competitividad de las explotaciones, el asesoramiento a pie de explotación -hoy denominado transferencia del conocimiento- las políticas de fronteras o el relevo generacional y, siempre la PAC en la sombra.
Ya nadie sabe cuántos planes y objetivos han plagado las políticas de los regadíos desde Luis Atienza con sus grandes estudios de encargo, a la actual, pasando necesariamente por Loyola de Palacio que hizo de los mismos su trabajo estrella. Ni por esas. Hubo al final un apaño para incluir la venta a pérdidas con condiciones en la Ley de Comercio Minorista, pero la salida no ha gustado a nadie del sector que reclama su inclusión en la Ley de la Cadena. Se quiere abordar con permiso de Economía. Existe, pero se reconoce que no funcionó como se esperaba, la normativa sobre integración cooperativa o de Entidades Asociativas Prioritarias, como la ley de Titularidad Compartida. Con las eléctricas no hay quien haya podido hasta la fecha, lo de los costes de los medios de producción sigue pendiente y a pesar de las ayudas, no hay listas de espera para las incorporaciones a la actividad agrícola, menos a la ganadera y nada si se trata ya de cabaña extensiva.
En Agricultura, de cara a la nueva legislatura, son de la opinión de que es preciso analizar, dar una vuelta a la actual normativa para ver todo lo que funciona y lo que no, para que las demandas dejen de ser pieza museo, con respuestas que de verdad noten los agricultores y los ganaderos en su actividad diaria.
Abordar desde diferentes partes el relevo generacional, política de abandonos de tierras, jubilaciones, derechos PAC; la gestión de la energía desde la luz al gasóleo, para llegar a las renovables en el medio rural; los costes de los medios de producción desde lo que deben y pueden hacer los productores al plantear sus demandas al seguimiento y control de los oligopolios industriales o las políticas de los operadores o intermediarios en cada comarca. Y, todo ello arropado por un asesoramiento a pie de explotación que ahora se llama transferencia del conocimiento. En Atocha no se quieren olvidar de dar una vuelta a la representatividad agraria.
Y, ahora que está de moda el despoblamiento, cabe recordar la decisión del Gobierno de Zapatero en marzo de 2010 de constituir el denominado Grupo Interministerial sobre el sector Agroalimentario (GISA) formado por Medio Ambiente y Medio Rural, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Ciencia e Innovación. Tenía un plazo de seis meses para elevar su informe sobre el caso con recomendaciones y propuestas. Ha pasado una década. El medio rural más despoblado, sin respuestas.