Apenas iniciada la vendimia en algunas de las principales zonas de producción en España y preparando los lagares en el resto del país, la uva se ha sumado a otros sectores como el olivar o la leche donde, por razones diferentes, los precios a la baja se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día, al margen de la normativa del Ministerio de Agricultura para que la producción perciba como mínimo unas cifras que cubran los costes de producción. 
En el caso del vino, este inicio de campaña está poniendo igualmente de manifiesto dos escenarios negativos en el sector. De un lado, el peso dominante de unas pocas bodegas, especialmente allí donde hay situaciones más excedentarias, que siguen la estrategia de cada año: comenzar con precios muy bajos para ir elevando progresivamente los mismos es una política de falsas concesiones. Segundo y, posiblemente lo más destacable, el escaso poder real de las cooperativas que, aunque controlan en esas zonas casi el 70% de la producción, no tienen la suficiente capacidad para presentar batalla en defensa de los intereses de sus afiliados, poniendo sobre la mesa unos precios de compra, mientras se siguen refugiando en las entregas sin cifras y pagos a final de campaña a resultas. 
Lo posición de las cooperativas y su papel en el sector requeriría un debate en profundidad en el marco de la política agraria. En los últimos años han mejorado de una forma importante en el dimensionamiento de las mismas y hay una serie de entidades que se pueden considerar como auténticos motores en sus zonas de influencia. Pero, en la mayor parte de los casos, al margen del volumen de sus ventas, se requiere un salto hacia adelante hacia una mayor profesionalización en la política de gestión, así como en sus estrategias de integración o simplemente en las políticas de coordinación a la hora de operar en los mercados.
Con estos mimbres, la vendimia se ha iniciado con un descenso medio en los precios de entre un 25% y un 30%, tanto en las principales zonas de producción como es el caso de Castilla-La Mancha, como en otras importantes Denominaciones de Origen como serían los casos de Rioja, Ribera del Duero o Rueda, donde la pandemia ha hecho estragos en sus ventas.
Sin entrar en toda la casuística de varietales y zonas, se podría hablar de unos precios, en el mejor de los casos, de entre 0,25 y 0,30 euros en Castilla La Mancha, excepto para la airén que no pasa de los 0,15 euros. En Ribera de Duero, frente a una media hace un año de 1,40 euros kilo, los precios se hallan entre los 0,80 y los 0,90 euros; y en Rioja bajan de 0,90 de media a unos 0,55 euros kilo. El debate en este caso, como en otros sectores, es definir cuál es el precio de coste mínimo que debe percibir cada agricultor de una industria o una cooperativa y su control. Oficialmente, a nivel estatal, no se han elaborado. 
Este escenario de vendimia no se ha presentado de la noche a la mañana, sino que es el que se esperaba fundamentalmente por los efectos pasados, actuales y futuros de la pandemia y la elevada cosecha de este año. Desde la perspectiva de la oferta, la campaña se inició con un stock de 38 millones de hectolitros, una cifra superior en tres millones a la media de los últimos años consecuencia del descenso medio en las ventas en el mercado interior en los últimos meses superior al 30% sobre el mismo período del año anterior. A esa situación se ha sumado el descenso de la exportación en el primer semestre del 11,6% hasta los 946 millones de litros y, finalmente, la cosecha de unos 43 millones de hectolitros frente a los 38 millones de la anterior. 

Eliminación de excedentes

Ello se complica, además, por el hundimiento del turismo y el hecho de que las previsiones de cosecha sean elevadas en países como Italia, con 47,2 millones de hectolitros, y de 43,4 millones en Francia, países tradicionalmente compradores de los excedentes de graneles españoles a menos de 0,50 euros litro.
Una primera medida para eliminar excedentes aplicada por la Administración en los últimos meses fue la destilación de dos millones de hectolitros de vino con un coste de 65 millones de euros. Una segunda fue el almacenamiento privado de vino con diferentes ayudas comunitarias por períodos de 2,25 millones de hectolitros por 10 millones de euros. En este caso, señala la directora general de Producciones y Mercados, Esperanza Orellana, se optó por hacerlo solo en vino con denominación de origen de calidad ya que, al estar un tiempo almacenado, no se podía correr el riesgo de su deterioro. 
La tercera vía se concretó en la vendimia en verde para recortar la producción de uva. El coste de esta actuación fue de 10 millones de euros y los fondos se quedaron cortos para la demanda. Se trata de una medida utilizada habitualmente por las bodegas que apuestan por la mayor calidad y que limitan voluntariamente la producción de los kilos por cepa en territorios como Duero y Rioja. Por el contrario en otras zonas como Castilla-La Mancha, Extremadura o Valencia, los últimos procesos de reestructuración y reconversión varietal han supuesto una apuesta muy importante por elevadas producciones hasta superar los 30.000 kilos de uva por hectárea frente a los 6.000-7000 kilos permitidos en zonas como Ribera o Rioja.
Finalmente, Agricultura reguló ya con carácter general la exigencia de que los rendimientos máximos por hectárea sean de 18.000 kilos para los vinos tintos y de 20.000 para los blancos, exigencia que puede tener salidas engañosas de escape conjugando rendimientos por parcela en la explotación. 
Por ello, COAG reclamó un riguroso control de los rendimientos por parcela. Desde UPA, mientas, se plantea como el mejor sistema frenar los excedentes, mejorar la calidad de las uvas y evitar el agotamiento de los acuíferos, el control en el uso del agua en los viñedos.