CRÓNICA PERSONAL

Pilar Cernuda

Periodista y escritora. Analista política


Con la ley

El jueves pasado la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley presentada por Vox por la que se instaba al gobierno a ilegalizar los partidos independentistas que actuaran contra España.

Logró el apoyo de PP y Vox, lo que provocó que el partido de Abascal sacara pecho por el triunfo que se había apuntado. Poco después el PP nacional sacaba un comunicado en el que matizaba la proposición y advertía que esa ilegalización no se podía tramitar a través de una proposición no de ley en el ámbito parlamentario; por la noche, Inés Arrimadas, durante su participación en el debate de mujeres que se celebró en La Sexta, no ocultó su sorpresa por esa proposición que había respaldado su partido… y que desconocía.

Se trataba efectivamente de una iniciativa contraria a lo que marca la ley, pues un partido, y tampoco un parlamento, pueden tomarse atribuciones que corresponden a los jueces y fiscales. Lo saben muy bien quienes vivieron la peripecia de la ilegalización de los partidos batasunos que se presentaron a las elecciones bajo diferentes marcas. El gobierno de Zapatero intentó utilizar la Fiscalía general para que las ilegalizaciones fueran a conveniencia -del PSOE- y provocó un escándalo que aún hoy tiene secuelas precisamente por su politización.

No sorprende que la iniciativa saliera de Vox, que en su política demagógica no hace más que presentar propuestas ajenas a los condicionamientos legales y constitucionales, como por ejemplo cuando propone la eliminación de las autonomías o la recuperación de competencias transferidas. Vox, que tanto arremete contra los independentistas por situarse al margen de la ley, sin embargo busca votos prometiendo lo incumplible: al igual que cualquier otro partido, y como exige a los independentistas, debe actuar siempre conforme a la ley. Lo sorprendente es que parlamentarios madrileños de PP y Ciudadanos no cuenten con la preparación necesaria para diferenciar entre lo que les conviene y lo que es legal; como es sorprendente que en sus sedes centrales nadie esté pendiente de qué hacen sus parlamentarios regionales en cada momento. Sobre todo en campaña electoral, cuando la demagogia suele desmadrarse.

España está perdiendo la campaña de la credibilidad internacional en el problema del independentismo catalán porque Puigdemont and Co han dedicado mucho dinero y palabrería a acusar a las autoridades y gobierno español de déficit democrático, a lo que responden las autoridades y el gobierno español explicando que los independentistas no son perseguidos por sus ideas sino situarse sistemáticamente en el terreno de la ilegalidad y el delito. Más que nunca por tanto partidos que defienden con uñas y dientes la ley y la Constitución deben mostrarse muy cautos para impedir que cualquiera de los suyos promuevan actos o propuestas contrarios a la legalidad. Vox lo hace sin complejos porque apuesta por el discurso que sus votantes quieren oir aunque roce o traspase la ley, pero esa práctica es inadmisible en partidos de gobierno.



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