CRÓNICA POLÍTICA

Charo Zarzalejos

Periodista


¿Será hoy?

La ciencia jurídica casi siempre es susceptible de interpretación. Y digo así siempre porque hay ocasiones en que no admite interpretación. Este es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el propio Reglamento del Congreso, en donde de manera taxativa se indica que los electos que se encuentran en la situación en la que se encuentran los electos independentistas deben ser suspendidos. No hay ni una coma, ni un punto y aparte que pudiera sugerir duda alguna. 
Una vez que los electos han tomado posesión de su escaño, aunque como en este caso sea a través de unos acatamientos a la Constitución realmente inadmisibles y estrambóticos, están sujetos, en su condición de diputados al órgano de gobierno de la Cámara, es decir de la Mesa ahora presidida por la socialista Batet. La competencia de Marchena empieza y acaba en la sala del juicio. 
Ha sido la presidenta de la Mesa, sin aviso alguno a los demás miembros de la misma, la que ha intentado que el Supremo resuelva una papeleta que sólo corresponde a la citada Mesa. El Supremo está para juzgar eventuales delitos, y, como bien ha recordado la Sala, en ningún caso es un órgano consultivo del Congreso. Sorprende que Batet, jurista y especialista en derecho constitucional haya realizado esta consulta. Ella mejor que nadie sabe, o debería saber de los papeles que cada órgano del Estado debe jugar. Se ha tratado, a todas luces, de ganar tiempo, de no introducir "ruido" a puertas de unas nuevas elecciones y, desde luego, de no incomodar a quienes en un futuro muy próximo pueden resultar decisivos para que el Presidente en funciones pueda ejercer sus funciones como Presidente investido. 
Ahora, a petición de Batet, serán los letrados del Congreso quienes hoy mismo deberán tener elaborado su dictamen. La normativa a aplicar es tan clara que habría que realizar auténticos vericuetos jurídicos como para poner en tela de juicio la contundencia del propio Reglamento del Congreso que quieran o no, no tendrá más remedio que aplicar y, en consecuencia, suspender a los diputados ahora en prisión provisional. 
La claridad de la norma a aplicar no dejaba lugar a dudas, de ahí que sólo el cálculo político, que no jurídico, haya provocado una polémica tan estéril, tan poco edificante desde el punto de vista institucional como el que estamos viendo. Tengo la convicción de que si los afectados lo hubieran sido por corrupción y pertenecieran al PP o a Ciudadanos, Batet no hubiera dudado ni un segundo en la suspensión inmediata y hubiera hecho bien. En este supuesto es más que dudoso que Podemos apelara a la Constitución, como lo ha hecho en este caso, para preservar los derechos de los electos. 
La suspensión en sus funciones, de los cuatro diputados ahora en prisión preventiva es un consecuencia reglada cuando el parlamentario esta procesado, en prisión y por presunto delito de rebelión, de modo que la suspensión no afecta a su situación procesal sino parlamentaria. Es verdad que no hay norma que obligue a Batet y a la propia Mesa a que se les suspenda en sus funciones, de manera que no habría desobediencia si no hay suspensión pero si podría incurrir la presidenta de la Mesa en un eventual delito de prevaricación por no adoptar una decisión a la que reglamentariamente esta obligada a tomar. 
Podría ocurrir que si el Tribunal Supremo llegara a considerar que el mantenimiento en sus funciones parlamentarias de los diputados electos y procesados altera el desarrollo del proceso, en se caso podría tomar la decisión de requerir a la presidenta de la mesa para que suspenda a los acusados y sólo en el supuesto de que ésta se negara, entonces sí, entonces podría incurrir en desobediencia. 
Una de los mejores aspectos de nuestra democracia es el sistema garantista que nos hemos dado. Hay que mantenerlo y defenderlo pero esto no es óbice a la hora de aplicar las normas que la propia Cámara se ha dado. Se trata pues de defender tanto el sistema de garantías de nuestro ordenamiento jurídico como la dignidad de nuestras instituciones y el Congreso es fundamento de nuestra propia democracia. 
La Mesa está convocada para hoy mismo y es de esperar que hoy mismo se proceda a la suspensión de funciones de los cuatro políticos en prisión preventiva. Cabe hacerse la pregunta de si, efectivamente, será hoy viernes cuando la polémica quede zanjada. 


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