El pleno del Congreso para aprobar la quinta prórroga del estado de alarma ha sido una vez más “el día de la marmota”, en palabras de la portavoz de JxCat, Laura Borrás, en el que la oposición de derechas ha realizado críticas acerbas, descalificaciones y justificado las caceroladas y las protestas contra el Gobierno, mientras los independentistas consideran escasa la cogobernanza y exigen la devolución de competencias arrebatadas por el mando único y, en confluencia con aquellos, piden la vuelta a las leyes ordinarias para combatir la pandemia del COVID-19. De lo que menos se escuchó debatir desde la tribuna es de las fases de desescalada y menos aún de la Comisión de Reconstrucción que se supone que será el instrumento para minimizar los efectos de la crisis sanitaria y económica.

El debate parlamentario ha vuelto a poner de manifiesto que, con el telón de fondo de los 28.000 muertos y las decenas de miles de contagiados, los partidos están más preocupados de mirarse el ombligo que de arbitrar soluciones eficaces para que se cumplan los dos objetivos que ha tenido el estado de alarma, controlar la pandemia y que nadie se quede atrás en la salida de la crisis. La autocrítica por los errores cometidos a la hora de abordar las soluciones cada vez es más frecuente en el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quien la defensa del estado de alarma es el único instrumento posible, el único plan A, según los informes de la Abogacía del Estado, aunque se trata de un extremo sujeto a un intenso debate doctrinal.

El Gobierno volvió a sacar adelante su propuesta de prórroga después de rebajar su expectativas de 35 días a 15 –¿aún es posible otro día de la marmota?- con mayoría absoluta, con pequeñísima variación con respecto a los apoyos de la anterior votación y nuevamente con el apoyo de Ciudadanos, más consciente de las preocupaciones sanitarias que del debate sobre la restricción temporal de derechos. Sánchez ha contado con el partido de Inés Arrimadas, que ha encontrado en Edmundo Bal un portavoz competente y convincente, para sacarle las castañas del fuego, sin que ello suponga que el Gobierno ha encontrado un nuevo socio.  De hecho su apoyo ha servido a Gabriel Rufián para advertirle de que “se está llevando por delante el espíritu de la investidura”. Aviso a navegantes que Sánchez soslayó atándose al mástil de que acabará la legislatura.   

El debate entre Pablo Casado y el presidente del Gobierno tuvo los mismos ingredientes que en otras ocasiones, incompatibilidad de caracteres y de proyectos sin ningún punto de coincidencia, con una alusión preocupante del primero sobre la posibilidad de que el Ejecutivo se vea obligado a solicitar el rescate a la Unión Europea y recortar el Estado de bienestar. La actitud responsable sería tratar de evitarlo por cualquiera de los medios para que el sufrimiento por la pandemia no se extienda aún más.

Durante toda la sesión estuvo presente una figura que no estaba invitada, la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, icono para Casado de la buena gestión de la pandemia y objeto de las duras críticas de muchos portavoces parlamentarios y Vox insistió en que “la España de los balcones y las cacerolas es imparable”.  Las apelaciones a la tranquilidad cayeron en terreno baldío.