La  Justicia es, de vez en cuando, protagonista de la actualidad, bien sea por un procedimiento llamativo que se lleva a cabo en cualquiera de sus instancias, o por la expectativa que se crea a la espera de la resolución de una sentencia o  un recurso, algo que, generalmente produce una cierta impaciencia y no pocas veces, una dilación injustificada con daños colaterales de difícil solución.             
Nos hallamos, en estos momentos en una encrucijada que tiene como protagonista el PEMA, Parque Empresarial del Medio Ambiente, resto de lo que fuera el mega proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, porque el recurso de ASDEN al decreto aprobado por la Junta de Castilla y León que lo legalizó está en el Supremo  y es este un tribunal que se toma las cosas con mucha paciencia y hasta que no resuelva ninguna empresa osará arriesgar, como es lógico, su capital en una inversión incierta, por lo que el polígono, esté o no dotado de las última tecnologías como aseguran quienes lo impulsaron, por ejemplo María Jesús Ruiz, no es atractivo para esas compañías, cuya identidad está por desvelar que, al parecer, tienen interés en instalarse allí.
Es un escenario incómodo para quién interpuso el recurso porque le señalan como agente estrangulador de la economía de una provincia en la que cada empresa y cada empleo es vital para que no se quede vacía.  Pero conviene recordar que, en un estado  de derecho como el nuestro, lo menos que se puede pedir es que la Justicia se ocupe  de que se cumpla la ley y sobre todo lo hagan quienes la aprobaron y promulgaron. En este caso la Junta. No obstante, conviene decir que el aparato judicial también puede ser objeto de crítica. Para empezar si, cuando se recurrió la Ley de la CMA y fue declarada ilegal por  el Constitucional, se hubiera suspendido además, cautelarmente cualquier tipo de obra nos habríamos ahorrado una millonada. Si en estos momentos, el Supremo está por la tarea de ratificar lo dicho por el Superior de Justicia de Castilla y León y dar vía libre al PEMA, sería bueno que lo hiciera cuanto antes, porque es algo más que justicia lo que nos estamos jugando.
Si se confirmara la expectativa de que antes de fin de año se hace pública la resolución del Supremo, sobre el Decreto del PEMA, tendremos la posibilidad de saber hasta que punto era cierto que, varias empresas tecnológicas estaban a la expectativa de venir a esta provincia, pero no les llamaba ocupar cualquier otro polígono que no fuera el de Garray, o si, por el contrario, sólo se trataba de una manera de presionar al grupo ASDEN para que retirase, como tantas veces se le ha pedido, su polémico recurso.