DESDE EL ALA OESTE

Fernando Aller

Periodista


Región

El Ayuntamiento de León, a propuesta de la Unión del Pueblo Leonés, partido llave que gobierna con el alcalde socialista José Antonio Díez, aprobó una moción por la que insta la creación de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca). El acuerdo de segregación autonómica representa un brindis al sol. Para que la iniciativa prospere es obligado que se pronuncien a favor, en el plazo de seis meses, las tres diputaciones provinciales y dos terceras partes de los ayuntamientos, 550 de 821, y que representen a su vez la mayoría de la población. Los presidentes de las diputaciones de Zamora y Salamanca ya han dicho que no están por la labor, en línea con los órganos políticos de decisión del PSOE y del PP en todos los niveles. Fin del debate. Alguna posibilidad mayor de éxito tendría la propuesta de “León solo”, proclama que llegó a sacar a la calle unos sesenta mil leoneses en el año 1984. Ninguna de las dos provincias vecinas ha expresado nunca tamaños anhelos autonomistas.

La inquietud suscitada por la deriva separatista catalana ha motivado que lo que está ocurriendo en León haya alcanzado un eco sobredimensionado en los medios de comunicación nacional. Y esa sí ha sido la parte ventajosa. León ha visto amplificado su llanto como no lo hubiera soñado. Una serie de circunstancias hacen de esta provincia la segunda con mayor pérdida demográfica, con una notable quiebra económica y moral por el cierre de las minas de carbón.

Un manifiesto encabezado por el académico de la Lengua José María Merino, con el respaldo de notables firmas, apoya la segregación autonómica por entender que 40 años de democracia han llevado a España a un crecimiento general que contrasta con lo que consideran declive leonés. El manifiesto, más literario que político, no apunta medidas concretas para superar el estancamiento económico que denuncia. Cabría preguntarse si la creación de un nuevo entramado burocrático administrativo es la panacea del desarrollo, más allá del beneficio que supondría aumentar la nómina de funcionarios, políticos y cargos de confianza. La política se concibe como arte de lo posible y perder el tiempo deliberadamente en disquisiciones cabe ser calificado como engaño y fraude.



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