La Comisión de la Unión Europea ha presentado en las últimas fechas dos iniciativas ‘Del campo a la mesa’ y ‘Biodiversidad en el horizonte 2030’ concebidas para mejorar la calidad y la conservación del medio ambiente, promover prácticas más sostenibles, apoyar la extensificación y la agricultura ecológica, la de proximidad o la mejora de la seguridad alimentaria. Para ello, se plantea una fuerte reducción en el uso productos fito y zoosanitarios y de fertilizantes, más abandonos de superficies de cultivo, más control del etiquetado de origen o la mayor transparencia y peso del sector en la cadena. Ambas iniciativas se enmaran en la Estrategia del Pacto Verde de la UE presentada en 2019 por el que se contemplaban unas inversiones de un billón de euros en la próxima década en diferentes sectores donde el agrario es uno más de cara a lograr en 2050 una UE de emisiones neutras.
 En conjunto, se trata de medidas cuyos efectos se traducirían en reducciones importantes de las producciones, aumento de costes y menor capacidad para competir. Todo ello en un momento en el que el campo comunitario se ha consolidado como una actividad capaz de abastecer por su eficiencia a su población en medio de la crisis en volumen, calidad y precios. 
Desde el sector agrario, existe coincidencia con Bruselas sobre la necesidad de proteger el clima y el medio ambiente. Pero a la vez, se reclama un mayor equilibrio entre la sostenibilidad de ese medio ambiente y la biodiversidad y sostenibilidad de la economía de las explotaciones, cosa que se duda se pueda lograr con unas iniciativas que provocarán unos mayores costes, menos rendimientos y menor competitividad frente a las importaciones. En medios oficiales se habla de que se trata de una propuesta abierta a negociar.
En lo que afecta a la producción agraria, la iniciativa ‘Del campo a la mesa’ contempla aspectos referidos a la seguridad alimenticia, productos sanos, de proximidad, reducción de desperdicio y una correcta información al consumidor. En ese objetivo, entre otras propuestas se plantea una reducción en el uso pesticidas del 50%, una reducción en la pérdida de nutrientes en el suelo y en el uso de fertilizantes en un 20%. En lo que afecta a la cabaña ganadera, la iniciativa reclama una reducción del 50% en antibióticos. 
La ofensiva de Bruselas en esta dirección la justifica señalando que una mala dieta y calidad alimentaria provoca cada año casi un millón de muertos y más de 30.000, solo por los antibióticos. Desde ASAJA se entiende que supondría una reducción de la producción con una mayor dependencia de las importaciones. Se lamentan de que la iniciativa se haya hecho en este momento cuando el campo ha respondido con una oferta suficiente en volumen, calidad y precios y que no se hayan planteado otras medidas intermedias como más apoyo por el laboreo mínimo, la agricultura integrada o los avances en la genética. Desde COAG, Miguel Blanco considera que es una hipocresía e incoherencia que Bruselas quiera afrontar el sistema de alimentación sostenible con el consiguiente aumento de costes, que a la vez se amenace con ajuste de fondos y que se mantengan las importaciones baratas con dudosos controles en materia de seguridad. Para UPA puede ser la ocasión para apoyar a la agricultura familiar, pero con un mayor equilibrio de las medidas propuestas.
En paralelo a estas iniciativas, Bruselas aboga, por el apoyo a las explotaciones de proximidad, a la economía circular y especialmente a la agricultura ecológica para que en 2020 el 25% de la superficie agraria útil de la UE, algo que desde COAG califican como una política de escaparate sin fundamento real.
En el caso del cultivo ecológico, actualmente España tiene 2,3 millones de hectáreas. Contando con una Superficie Agraria Útil de 25/26 millones de hectáreas, se deberían llegar a superar los seis millones, lo que supondría una fuerte reducción en oferta y a unos precios que no se sabe si pagaría la población. 
La iniciativa ‘Biodiversidad, horizonte 2030’ supone una vuelta más de tuerca a las medidas en vigor para la sostenibilidad para protección del millón de aves en peligro de extinción, según datos comunitarios, la regeneración de ríos,  recuperación de paisaje, evitar la sobreexplotación de los recursos, el descanso de las tierras, reducción de la contaminación y menor consumo de carne bajo la eterna acusación de que la ganadería es responsable de las emisiones de gases efecto invernadero en unos porcentajes que rechaza todo el sector. Bruselas propone la plantación de 3.000 millones de árboles.
En ese objetivo de mejora de la biodiversidad, la iniciativa contempla elevar hasta el 10% las tierras agrarias para usos no productivo y la posibilidad de aumentar las superficies incluidas en la Red Natura 2000 donde España tiene más de 138.000 kilómetros cuadrados en superficie, hay otros en el mar, lo que supone el 27% de la superficie de todo el territorio de 509.000 kilómetros cuadrados. Sector y Agricultura coinciden en señalar que se están cumpliendo de forma muy positiva las exigencias comunitarias sobre biodiversidad y normas como rotación de cultivos a partir de las 10 hectáreas de una explotación o el no cultivo del 5% de la tierra a partir de las 15 hectáreas, como condición obligatoria para el pago verde.
En conjunto, sí a la apuesta por la biodiversidad, al medio ambiente, a la política de calidad, pero midiendo el impacto en la actividad productiva de los agricultores y ganaderos, pero no así.