La Gerencia Regional de Salud cerró 2020 con un presupuesto definitivo de 4.734,1 millones, que suponen 1.063,7 millones más que el mismo dato del año precedente. Sacyl logró un nivel de ejecución del 99,2 por ciento, con 4.695,5 millones en obligaciones reconocidas.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el año pasado fue «muy exigente» desde el punto de vista del gasto, con un aumento «muy relevante» de los créditos para garantizar las prestaciones durante la pandemia. En este sentido, explicó que concentraron los créditos «donde hacia falta» y se logró un «altísimo nivel de gestión y ejecución».

En términos globales, la Junta logró ejecutar el 96,4 por ciento de su presupuesto en el año de la covid, apenas seis décimas por debajo del 97 por ciento del ejercicio anterior, cuando la ampliación de crédito superó los 800 millones por la lucha contra la pandemia.

Los datos publicados por el Ejecutivo regional, recogidos por Ical, revelan que el crédito actual a cierre de 2020, ascendía en la Comunidad a 11.058,9 millones, 841,5 millones más que ese mismo indicador en 2019, fundamentalmente por las transferencias para hacer frente a la covid. El Ejecutivo autonómico había reconocido obligaciones a 31 de diciembre de 2020, por 10.656,6 millones, lo que representa el 96,4 por ciento del crédito, mientras que el año anterior fueron 9.919,8 millones, un 97 por ciento. Las obligaciones reconocidas crecieron en 736,8 millones de un año para otro.

Carriedo se felicitó porque «la ejecución ha sido muy alta» y Castilla y León está «entre las autonomías con más nivel y mejor capacidad de gestión». Incidió en que en el caso de la Sanidad, tuvieron que añadir muchos más fondos por el nivel de exigencia de la demanda por la covid que además se gastaban de forma inmediata.

Por último, expuso que su trabajo giró básicamente en las áreas sociales, con un altísimo nivel de ejecución de los servicios públicos vinculados a la pandemia, Sanidad, Servicios Sociales y Educación.

Al respecto, por consejerías, el mayor nivel de ejecución lo logró Familia e Igualdad de Oportunidades, con el 99,5 por ciento (603,8 millones en obligaciones reconocidas) seguida por el 98,1 por ciento de Educación (2.287,3 millones), y el 96 por ciento de Sanidad (3.907). Es decir, las tres consejería sociales, las de mayor presupuesto, fueron las que mejor ejecutaron los fondos recibidos.

Por el contrario, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural fue la de menor porcentaje de ejecución y la única que se quedó por debajo del 90 por ciento, aunque muy cerca. En este caso ejecutó un 89,5 por ciento (368,4 millones de euros).

La sección de deuda publica se ejecutó al 97,2 por ciento, con 1.268 millones de euros en obligaciones reconocidas; la PAC, en un 99,5 por ciento, con 919,3 millones, y las cuentas de las Cortes e instituciones propias en su totalidad, con 31,2 millones.

Capítulos.

Las transferencias corrientes constituyen el grueso del crédito actual, con 6.280,3 millones de euros, con unas obligaciones reconocidas por 6.108,5, es decir, el 97,3 por ciento. El gasto en personal se ejecutó en un 99,3 por ciento, con 1.892,2 millones de obligaciones reconocidas; y los abonos corrientes se comprometieron en un 88,9 por ciento, con 278,5 millones. Los gastos financieros se ejecutaron en un 96,7 por ciento, con 188,3 millones comprometidos.

En el caso de las transferencias de capital, el grado de gasto comprometido alcanzó el 93,6 por ciento por ciento, con 808,7 millones; mientras que en inversiones reales se situó en el 89,5 por ciento, con 297,8. Por último, los pasivos financieros alcanzaron unas obligaciones reconocidas de 1.081,1 millones, un 94,7 por ciento del crédito; mientras que los activos se quedaron en algo más de un millón, un 4,2 por ciento.

Otros entes.

Por último, junto a la Gerencia de Salud, la de Servicios Sociales, alcanzó una ejecución del 96,1 por ciento, con 1.030 millones en obligaciones reconocidas. Asimismo, el Eren logró un 96,2 por ciento (14,7 millones); Itacyl alcanzó un 94,8 por ciento (75,6 millones); y el ICE, un 80,3 por ciento (185). Asimismo, la ejecución fue para la agencia de calidad universitaria del 79,4 por ciento (algo más de un millón), y del 74,3 por ciento para el ECyL, con obligaciones reconocidas por 188,7 millones.