Los deudores concursados disminuyeron un moderado 2,5 por ciento durante 2018 en Castilla y León en relación al ejercicio anterior, frente al incremento del 3,1 por ciento de la media nacional. En concreto, la Comunidad cerró el pasado año con 233 procesos, seis menos, mientras que en España fueron 6.599, según los datos provisionales de la Estadística del Procedimiento Concursal, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta caída sitúa a Castilla y León en el octavo lugar del ránking autonómico, por detrás de Cataluña, con 1.946; Madrid, con 1.038; Comunidad Valenciana, con 904; Andalucía, con 620; País Vasco, con 318; Galicia, 296; y Aragón, con 262. En el lado opuesto se situaron La Rioja (37), Cantabria (57) y Navarra (59). Cataluña, Madrid y Valencia concentran seis de cada diez deudores concursados en 2019.
Por provincias, crecieron un 120 por ciento en Ávila, hasta los 11; un 87,5 por ciento en Soria, con 15; un 40 por ciento en Palencia y Segovia, hasta los 15 y diez, respectivamente, y un 3,2 por ciento en Salamanca, hasta los 32.
Por el contrario descendieron un 37,5 por ciento en Zamora, con diez; un 21,8 por ciento en Valladolid, hasta los 61; un 9,5 por ciento en León, hasta los 38; y un 8,8 por ciento en Burgos, hasta 31.
En función del tipo de concurso, la gran mayoría fueron voluntarios, 211, frente a 22 necesarios. Mientras, 17 se resolvieron mediante procedimiento ordinario y los otros 216, a través del abreviado. De los 233 deudores concursados, 84 eran personas físicas sin actividad empresarial, mientras que los restantes eran empresas (111 sociedades limitadas, 18 sociedades anónimas y 12 personas físicas, además de otras ocho en la categoría de ‘Otras’).
En cuanto a la actividad económica principal de empresas concursadas en Castilla y León, 17 se dedicaban a la construcción; 27 al comercio al por mayor, y otras 17 al comercio al por mayor de vehículos; seis al transporte; otras tantas a la hostelería; cuatro a inmobiliarias financieras y seguros; diez a actividades profesionales y ocho a actividades administrativas y servicios auxiliares. También 19 empresas concursadas en industria y ocho de agricultura y pesca.
Por lo que respecta al número de trabajadores en nómina, las empresas más afectadas por estos procedimientos fueron las compañías con entre uno y cinco empleados (muchos de ellos autónomos) con 63 casos.