Entre la «decepción y el desengaño», pero, al mismo tiempo, con «la esperanza» de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «respete y asuma los compromisos» alcanzados que motivaron desconvocar la huelga del sector prevista en vísperas de la Navidad y que deberán materializarse en el plazo máximo de 60 días. La presidenta de Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso), Inmaculada Ramos, confiesa que ha pesado más la responsabilidad de los transportistas y el ánimo de no perjudicar a la ciudadanía a la hora de llegar a un acuerdo. «Somos conscientes de la importancia que tiene nuestro sector para la sociedad. La pandemia ya nos reveló como el servicio esencial que somos, teniendo en cuenta que el 90% de la mercancías se transportan por carretera. No paramos entonces y no es nuestro deseo tener que parar ahora», argumenta Ramos. 

A la espera de que se concreten mediante la aprobación de un Real Decreto Ley que incluya las 20 medidas acordadas en la conformidad suscrita en la madrugada del pasado sábado 18 de diciembre entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que está representado Agrutranso, desde Soria no se plantean, de momento, volver a convocar movilizaciones de forma inmediata. «La voluntad de nuestro colectivos es confiar y esperar no vernos en la obligación de parar ante una situación insostenible que nos obligue a ello», apunta la responsable de Agrutranso. 

En este sentido, Ramos confía en que el Gobierno de España asuma «los compromisos alcanzados para que el sector no se vea en la necesidad del abandono de la actividad» y que, en este caso, insiste, recogen,  por fin, «reivindicaciones históricas» de este colectivo profesional. Entre ellas, la prohibición de que los conductores efectúen las labores de carga y descarga de la mercancía que transportan. 

En ese mismo sentido, «otro avance importante», valora la presidenta de Agrutranso, es la reducción, a la mitad, del tiempo de espera para descargar el material en las plataformas logísticas, al igual que «una cláusula de revisión del precio del gasóleo en el contrato de transportes», indica.

La subida del precio de los carburantes, alrededor de un 40% en el último año, supone para los transportistas sorianos, al igual que para los del conjunto de España, una seria amenaza para la competitividad y la «viabilidad económica de nuestras empresas», insiste Ramos. Junto la revisión del precio del gasóleo en los contratos de transportes, el acuerdo alcanzado entre el Comité Nacional que aglutina al sector y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también incluye el compromiso para que continúe la deducción fiscal actual en el gasóleo profesional y «la valoración de solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Aeat) que esa devolución sea mensual».

Al mismo tiempo, en el acuerdo suscrito se fija igualmente el compromiso de «no implantar peajes al transporte pesado sin consenso del colectivo» así como de acelerar los trámites de los expedientes del céntimo sanitario.

mejorando el sector. Pero no sólo se han alcanzado acuerdos de tipo económico para el sector del transporte por carretera. El documento con las 20 medidas que se materializarán en el plazo aproximado de dos meses en un nuevo marco normativo para este colectivo profesional, también se recogen aspectos encaminados a la mejora de las condiciones laborales y del futuro del sector. Para ello está previsto que un grupo de trabajo analice las causas de la escasez de profesionales para aportar posibles soluciones. 

Al mismo tiempo, el Gobierno de España también se ha comprometido a ofrecer ayudas económicas para la formación de nuevos trabajadores del sector del transporte por carretera y a evitar el abandono de la actividad y, además, en el incremento de la seguridad de los camioneros con áreas de descanso con mayor vigilancia.