El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que Castilla y León es “una de las comunidades más avanzadas” en la ejecución del presupuesto forestal del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020. No en vano, de los 190,3 millones contemplados en el plan ya se ha ejecutado el 44 por ciento total mientras que están concedidas el 65 por ciento de las ayudas y se ha publicado el cien por cien del presupuesto.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó el martes pasado la convocatoria de dos líneas de ayudas para 2019 destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales y al fomento de plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor en el marco del PDR con un presupuesto de 16,5 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Estas líneas de subvenciones, que están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), buscan aumentar la superficie forestal arbolada de Castilla y León. Se establecen en la convocatoria dos tipos de ayudas: ‘ayuda a la reforestación y a la creación de superficies forestales’ –con un importe de 14 millones de euros-  y ‘ayuda al fomento de plantaciones de especies con producciones forestales de alto valor’ como la trufa, el piñón, la castaña o las maderas de nogal, cerezo, fresno y serbal- con un importe de 2,5 millones de euros.

En concreto, se financian los trabajos de preparación del terreno, la adquisición de plantas, su protección mediante tutores o protectores y la propia plantación. Además, se subvencionan las obras complementarias a la forestación necesarias para su supervivencia y una ‘prima de mantenimiento’ de carácter anual que sirve para cubrir los gastos del mantenimiento de la masa implantada por un periodo de cinco años. A esta línea de ayudas se destina un presupuesto de 14 millones de euros en esta anualidad.

La concesión de la ayuda se realizará, en régimen de concurrencia competitiva valorando, entre otros aspectos, el volumen de superficie a forestar, el grado de fragmentación de los terrenos y porcentaje de erosión, el número de propietarios, el tipo de terrenos y las actuaciones llevadas a cabo por los solicitantes para la integración laboral de las personas con discapacidad.