La expulsión de la niña del campamento llega a la Fiscalía

SPC
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La empresa niega que haya existido discriminación con la menor, asegura que lo abandonó por decisión de la familia y lamenta el malestar causado

Imagen de archivo de un campamento sin relación alguna con el caso - Foto: Javier Pozo

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) anunció ayer que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y la Comunidad de Madrid por el caso de Inés, la menor de 11 años con discapacidad que tuvo que abandonar un campamento enSalamanca el pasado fin de semana tras las quejas de los padres de sus compañeras a los monitores. Por su parte, Carolina Gómez, la madre de la niña, reiteró ayer que la familia sigue estudiando si denunciar la discriminación a su hija en el campamento Pueblo Inglés, gestionado por la empresa Diverbo, la cual negó haber expulsado a la pequeña. El delegado del Cermi para los Derechos Humanos, Jesús Martín Blanco, lamentó que «una actividad lúdica, como es un campamento, haya provocado dolor a Inés y su familia». Para el Cermi «resulta intolerable que una circunstancia como la discapacidad colonice nuestra existencia para clasificarnos fuera de la vida en común y para ocultar a la propia persona con dignidad y derechos».
Martín, en declaraciones a Efe, cargó contra la actitud del campamento, una «constante perversa» que aparta a este colectivo de «la esfera de la inclusión». «Pone de manifiesto que nuestras vidas siguen estando depreciadas en valor y despreciadas en actitudes, algo intolerable en un Estado con cuarenta años de vida democrática», aseguró.
La Coordinadora del Tercer Sector también condenó estos hechos e informó de que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y del Menor para que se inicien acciones para aclarar lo sucedido. De esta forma, solicita formalmente al Gobierno de la Comunidad de Madrid que actúe contra la empresa Diverbo para conocer la situación producida con la expulsión de la menor en el campamento celebrado en Aldeaduero (Salamanca).
Además, entienden que, de acuerdo a la legislación en materia de protección a la infancia y las relativas a ocio y tiempo libre, que en parte regulan a los campamentos, «la Comunidad de Madrid debería iniciar actuaciones ante un potencial delito de odio».
Versión de la empresa

La empresa Diverbo, propietaria del campamento salmantino y que el lunes declinó hacer declaraciones, negó haber discriminado a la niña y afirmó que no expulsaron a la menor sino que dejó de asistir por decisión de la familia. Así, lamentaron esta situación y el malestar que ha podido ocasionar en la menor ya que aseguraron que su proyecto educativo persigue «por encima de todo» velar por el bienestar de los niños que forman parte de él. 
En este sentido, desde la empresa señalan que se ha realizado lo mismo que en todos los casos de alumnos que requieren cualquier tipo de apoyo, y que mantuvieron tras la llegada de la niña al campamento la comunicación con la familia «en todo momento». Asimismo, indicaron que habían propuesto alternativas para contribuir a «la mejor integración posible» con las herramientas de las que disponen. 
Inspector de la Junta

La Junta de Castilla y León llevó a cabo ayer una inspección en el campamento de inglés de Aldeaduero, ubicado en los Arribes del Duero salmantinos, para «verificar el cumplimiento de los requisitos para la celebración del campamento» del que se marchó una niña con discapacidad este pasado fin de semana, por decisión de los padres, ante un supuesto caso de discriminación.
Según informaron fuentes de la Junta a Ical, la presencia de un inspector se debió a una «actuación de oficio» que no tiene encomendado «evaluar ese supuesto comportamiento con la niña» por parte de sus compañeras de campamento o de la empresa, puesto que eso sería competencia «de los tribunales, en el caso de que hubiera una denuncia», sino verificar que el campamento «cumple la ley regional para este tipo de instalaciones».
Los requisitos, no obstante, también incluyen la necesidad de contar con «un monitor especializado para el cuidado de personas con necesidades especiales». En cualquier caso, y como reiteran desde el Gobierno regional, no entrarán a dirimir el comportamiento de la empresa encargada del campamento con la niña, sino que valorarán si dicha empresa «cumple la legislación de Castilla y León en materia de tiempo libre».