El Gobierno logró ayer la aprobación o envió a las instituciones nacionales y europeas de tres acuerdos que han sido alcanzados con los partidos políticos, los agentes sociales y económicos, y las comunidades autónomas.  El Ejecutivo de coalición ha sacado adelante en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado con sus socios parlamentarios tradicionales, el Consejo de ministros ha aprobado enviar a las Cortes el nuevo marco de relaciones laborales acordado con los agentes sociales y económicos y enviará a Europa el plan estratégico nacional para la aplicación de la PAC, labrado en las negociaciones con las comunidades autónomas y las asociaciones agrarias.
Los Presupuestos Generales del Estado van a ordenar la política del Gobierno de aquí hasta que concluya la legislatura, sea cuando sea, y supondrán la estabilidad política y la articulación de la llegada de las ayudas de la Unión Europea, a pesar de que el cuadro macroeconómico previsto por el Ejecutivo pueda hacer aguas y la recuperación no sea tan intensa como se prevé desde el Gobierno. Que las cuentas públicas tienen una doble vertiente es evidente como acaba de demostrar el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, con su pacto con tres diputados de la izquierda 'excarmenista', para la aprobación del presupuesto municipal, porque además de modificaciones económicas  introducen aspectos políticos en el intercambio de votos, dado que la prioridad para los gobiernos es contar con el marco económico para desarrollar las líneas principales de su política. Los acuerdos son siempre consecuencia de la inexorable matemática parlamentaria. Por supuesto la decisión tiene costes políticos y no está exenta de tensiones. Pero la política es transacción y, debiera ser más, acuerdo entre diferentes.  

La reforma laboral aprobada por el Consejo de ministros inicia ahora otra negociación entre las fuerzas políticas en el Congreso tras el acuerdo tripartito Gobierno, sindicatos y patronales, para paliar la temporalidad y la precariedad que es estructural en el mercado laboral español.  Para los partidos de la izquierda más radical que apoyan al Gobierno la reforma se queda corta y no supone una derogación de la precedente como se habían comprometido el PSOE y el PP en su pacto de coalición. EL Ejecutivo está convencido de que el acuerdo será posible y que no se dará al traste con un año de negociaciones. La contrarreforma laboral de la aprobada por el Gobierno de Rajoy viene a demostrar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Así deben entenderlo los partidos, darle una oportunidad a su desarrollo y en su caso, si se vuelve a contar con la mayoría suficiente, adecuarla al propósito de mejorar las condiciones de trabajo.  Si en el medio está la virtud, que la reforma laboral del Gobierno se encuentre sometida a la pinza del PP que no quiere que se toque, y la de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno, puede ser un dato a su favor en la intención de establecer un nuevo marco de relaciones laborales.  

No menos importante es que el plan estratégico sobre aplicación de la Política Agraria Común haya salido con otro acuerdo tripartito entre Gobierno, comunidades autónomas y asociaciones agrarias. El diálogo ha dado sus frutos en estos tres asuntos. Ahora llega el comienzo de la batalla electoral.