La juez del 1-O procesa a 30 altos cargos del Govern

Agencias
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La juez del 1-O procesa a 30 altos cargos del Govern - Foto: JON NAZCA

La magistrada impone una fianza solidaria de 5,8 millones a los investigados al entender que eran partícipes de un plan común liderado por el Govern para impulsar la consulta, el mismo día que Trapero se desmarca del referéndum "ilegal"

Nuevo golpe judicial a los impulsores del procés. La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ordenó procesar ayer a 30 cargos y excargos del Govern, a la cúpula de la CCMA y a empresarios de compañías como Unipost al constatar que supuestamente tenían un «plan común» y que existía el firme propósito del Ejecutivo de Carles Puigdemont para impulsar el 1-O, pese a ser conscientes de que era una ilegalidad. 
En su auto de procesamiento, la magistrada da por probada la voluntad de celebrar una consulta refrendaria, ensayada en noviembre de 2014, «con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España, y que tuvo su plasmación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su corolario en la declaración de independencia realizada por el presidente de la Generalitat el 27 de octubre en el Parlament». 
Tras remontarse en su relato al 19 de diciembre de 2012, cuando el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, firmaron un acuerdo para la transición nacional, la jueza destaca que se trazó en el Govern de Puigdemont una «línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales y siendo conscientes de la ilegalidad de las actuaciones tendentes a la celebración del referéndum». 
En la resolución, la togada procesa a 30 investigados por presuntos delitos como el de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, pero excluye otros delitos como la rebelión y la sedición. 

 

Trapero se desmarca del Govern

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha asegurado ante la Audiencia Nacional que "no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido" el plan independentista "ideado" por el Gobierno de Carles Puigdemont y del referéndum "ilegal" del 1 de octubre de 2017, garantizando que siempre ha actuado "desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales" y desmarcándose al cuerpo policial de los "designios secesionistas".
Así lo manifiesta el que fuera jefe de los Mossos en el escrito de defensa que ha remitido al tribunal, donde próximamente será juzgado por la actuación de la policía autonómica durante el proceso independentista catalán. La Fiscalía pide para él 11 años de prisión por un delito de rebelión y su papel en el procés.
Tal y como ya afirmó en su declaración como testigo en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, Trapero reitera en su escrito que no ha puesto "jamás el cuerpo de los Mossos d'Esquadra al servicio de los intereses políticos secesionistas", y que los exdirigentes catalanes conocían esta "postura inequívoca". 
El exjefe de los Mossos, que fue cesado a raíz de la activación del 155 de la Constitución, niega que el operativo de la policía catalana ante el 1-O buscara "enmascarar una pretendida y dolosa inacción policial" para que se celebrara el referéndum y responsabiliza del dispositivo al coronel, Diego Pérez de los Cobos, exalto cargo del Ministerio de Interior designado para coordinarlo.