Galicia, Castilla y León (PP); Cantabria (PRC); y Asturias, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura (PSOE) se han reunido durante unas tres horas en Santiago de Compostela para refrendar el trabajo técnico de sus consejeros de Hacienda y sellar una alianza que persigue defender los intereses de la España vaciada frente a las posiciones de comunidades más pobladas que, como Andalucía o Valencia, quieren que lo que se pondere sea el criterio de población ajustada y frente a las exigencias que el Gobierno está haciendo ante los nacionalistas en la negociación de los Presupuestos.
Recuerdan que estas ocho autonomías suponen el 62% de la superficie de España pero sólo el 24% del total de su población. "Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país", señala el punto 8 de la citada declaración.
En el pacto firmado por los ocho presidentes autonómicos, entre ellos Alfonso Fernández Mañueco, se pide al Gobierno que desarrolle la Estrategia nacional frente al reto demográfico "con la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos". La exigencia de estas ocho regiones es que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos.
Durante su intervención, el presidente de la Junta de Castilla y León ha defendido que la financiación autonómica es la base de justicia social, ya que todas las personas deben tener el mismo acceso a todos los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas, independientemente de donde vivan.
Por todo ello, piden a Hacienda que acometa "de manera pronta" el diseño de un nuevo modelo, todo vez que el actual está caducado desde 2014. Estas regiones han querido hacer hincapié en que el acuerdo para renovar el modelo debe realizarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Instamos al Gobierno a definir cuanto antes una metodología de trabajo que permita a todas las Administraciones aportar sus particularidades y necesidades concretas, estableciendo un calendario para ello", reza el documento.