La evidente mejora de la situación empresarial tras años de crecimiento ha frenado en seco las insolvencias y ha permitido que el número de trabajadores afectados por despidos que tienen que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se sitúen por debajo de los niveles previos a la crisis. Los datos que facilita el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recogidos por Ical, revelan que en 2019, en Castilla y León, se gestionaron 2.699 expedientes dentro del Fogasa, con 865 empresas involucradas y un total de 2.728 trabajadores afectados, cuando en 2007, el año previo a la gran recesión, se contabilizaron 2.214 procedimiento para 1.018 actividades empresariales y 3.043 empleados.

Las cifras contrastan con el punto álgido de la crisis, en 2013, cuando se llegaron a gestionar en un año en la Comunidad, 14.505 expedientes, para 6.830 empresas, con 18.727 trabajadores afectados, el pico del periodo en cuanto a involucrados en procesos empresariales de quiebra.

En cuanto a los desembolsos a los que obligaron estos procesos, el año pasado se situaron bajo mínimos desde el inicio de la crisis, aunque aún son mayores que en el ejercicio previo a su inicio. En concreto, los datos del Gobierno, ponen de relieve que en 2019, el Fogasa tuvo que abonar en la Comunidad, un total de 19,42 millones de euros entre salarios e indemnizaciones, cuando en 2007, fueron 15,5 millones. El pico de abonos del fondo, que puso en graves problemas a este instrumento, se produjo en 2014, cuando estos apoyos a los trabajadores despedidos por empresas insolventes, alcanzaron los 91,28 millones de euros (90,4 millones en 2013).

Bajando al detalle, el Estado tuvo que abonar a lo largo del año pasado en Castilla y León, 6,5 millones de euros en salarios pendientes de empresas en quiebra, cuando en el año previo a la crisis esa cifra se situó en los 5,4 millones de euros. En cuanto a las indemnizaciones, alcanzaron los 12,9 millones de euros en la Comunidad, el ejercicio pasado, frente a los algo más de diez millones que tuvieron que abonar a los trabajadores afectados en 2007.

Un análisis por periodos quinquenales revela claramente la situación durante los años más duros de la crisis frente a los ejercicios de recuperación. 

En este sentido, entre 2015 y 2019, se gestionaron en Castilla y León 19.142 expedientes sobre 6.079 empresas y 21.341 trabajadores afectados, frente a los 35.585 procedimientos contabilizados entre 2010 y 2015, con 11.293 actividades incluidas con 39.954 empleados. En términos porcentuales, todos los datos decrecieron en los últimos cinco años por encima del 46 por ciento.

Las indemnizaciones se comportaron de forma paralela, y si en su totalidad alcanzaron los 147,1 millones de euros en los últimos cinco años, en el quinquenio anterior sumaron 274,8 millones, es decir, un 46,5 por ciento menos. Los salarios ascendieron a 48.8 millones entre 2015 y 2019 y las indemnizaciones, a 98,2, frente a cifras en los cinco años precedentes de 91,2 y 183,6 millones de euros, respectivamente.

Provincias

El año pasado el mayor número de trabajadores que tuvo que acudir a Fogasa se registró en Valladolid, 719, seguida por León, 694; Salamanca, 525; Burgos, 200; Ávila, 145; Zamora, 130; Palencia y Segovia, 128, en ambos casos; y Soria, 59. En cuanto a las empresas involucradas por insolvencias, se contabilizaron 232 en la provincia vallisoletana; 210 en la leonesa; 153 en la salmantina; 89 en la burgalesa; 53 en la palentina; 49 en la zamorana; 43 en la abulense; 42 en la segoviana; y 18 en la soriana.

Por lo que se refiere a los desembolsos globales por salarios e indemnizaciones, sumaron 4,7 millones en León; 4,5 millones en Valladolid; 4,4 en Salamanca; y 1,2 millones en Burgos y Zamora, en ambos casos. Además, se pagaron 989.706 euros en Ávila; 827.914 en Palencia; 733.993 en Segovia, y 679.986 en Soria.

Papel fundamental

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León considera «fundamental el papel y la finalidad» de organismos como el Fogasa, porque «su actuación no solamente pasa por garantizar los derechos económicos de los trabajadores, sino que igualmente apoya o protege a las empresas que atraviesan situaciones de crisis, a fin de impulsar su continuidad y, por ende, el mantenimiento del empleo». 

Así, desde la patronal regional entienden que «es clave contar con instrumentos que fomenten y consoliden el tejido empresarial de nuestra región». 

«La estabilidad social, un marco normativo consolidado y una presión fiscal realista y adecuada siempre se van a traducir en una mayor estabilidad económica y social y, con ella, en el mantenimiento y la creación de empleo», concluyeron desde confederación empresarial autonómica.