Misión: desbloqueo

SPC-AGENCIAS
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Los partidos piensan ya en cambios legales e incluso constitucionales que les puedan facilitar el camino para salir de las situaciones de letargo político en las que se ven inmersos desde que hace unos años entraran nuevas siglas en el Hemiciclo

Misión: desbloqueo - Foto: Emilio Naranjo

La situación de parálisis en la formación del nuevo Gobierno en la que el país vuelve a estar inmerso con el rechazo de la investidura de Pedro Sánchez como presidente reabre el debate de qué fórmulas podrían evitar escenarios de bloqueo y la amenaza de una repetición electoral, como ya ocurrió en 2016.
El jefe del Ejecutivo en funciones tendió la mano a los partidos políticos el pasado lunes, en la primera sesión del debate de investidura, para reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula el procedimiento de designación del presidente.
«Debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria», justificó el secretario general socialista ante el temor a la reedición del bloqueo que ya hubo hace tres años durante varios meses.
El objetivo sería allanar la investidura del candidato del partido con más escaños y, en cierto modo, reproducir la situación que se da en los ayuntamientos, donde el alcalde es el que recibe más votos.
Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación no sería sencilla, puesto que requeriría el apoyo de una mayoría de tres quintos de la Cámara Baja.
La Carta Magna establece que transcurridos dos meses desde la primera votación de la investidura sin que haya un acuerdo, las Cortes se disuelven y se convocan elecciones en un plazo de 54 días, lo que, en este caso, fijaría el 10 de noviembre la nueva cita con las urnas.
El PSOE ve pertinente hacer una reflexión «común, leal y sosegada entre todos» para cambiar la ley fundamental y maneja algunas fórmulas para actualizar el procedimiento vigente, entre ellas, un documento redactado por su secretario de Transparencia y Democracia Participativa, Odon Elorza.
La propuesta del diputado vasco pasaría por eliminar la fase en la que el Rey propone un candidato y que sean los grupos parlamentarios los que lo decidan con el apoyo de al menos un décimo de los miembros de la Cámara.
El aspirante o aspirantes expondrían sus programas de Gobierno en una única sesión, en la que saldría elegido el que consiguiera mayoría absoluta y, de no alcanzarla, habría una segunda a las 48 horas en la que sería investido el que obtuviera el mayor número de votos afirmativos.
Esta propuesta se inspira en el modelo vigente en los Parlamentos del País Vasco y Asturias, donde pueden presentarse más de un candidato y es elegido el que más apoyo recaba, sin ser posible el voto en contra.