Soria se refuerza ante una crisis social sin precedentes

Nuria Zaragoza
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La pandemia dispara el número de familias que precisan ayuda. Algunas entidades estiman que la vulnerabilidad ha crecido un 25% este año.

Soria se refuerza ante una crisis social sin precedentes - Foto: Eugenio Gutierrez M

Es la nueva UCI. La pandemia después de la pandemia. La crisis social que sigue a la crisis sanitaria. Tras el golpe del coronavirus, viene el del paro, las cuentas en números rojos, los expedientes de regulación de empleo, los despidos, las empleadas de hogar desprotegidas, los jornaleros de saldo, la economía sumergida, los mayores necesitados... realidades muy duras que la crisis sanitaria ha agravado.  

A los dramas que había antes del 14 de marzo, se han sumado las familias golpeadas por la pandemia. A la vulnerabilidad de siempre, la nueva vulnerabilidad. No se trata exactamente de nuevos perfiles, sino de personas que vivían al límite, de familias con estructuras ‘normalizadas’ que la pandemia ha arrasado, de realidades escondidas que han emergido...  

Ante esta realidad, los departamentos de Servicios Sociales y las entidades del tercer sector han visto intensificada su labor de forma sustancial para atender la avalancha de peticiones. No hay cálculos precisos del alcance que esta crisis está teniendo en la sociedad soriana. Es complicado además extraer datos exactos porque, en ocasiones, los mismos usuarios se repiten. No obstante, algunas entidades como Cáritas estiman que se está ayudando ya a un 25% más personas que antes de la pandemia. En el Banco de Alimentos, han pasado de 2.300-2.400 beneficiarios en 2019 a «unos 2.600» este año. En Cruz Roja Soria aún no han hecho su memoria anual pero el año pasado llegaron a más de 17.700 personas y este año están convencidos de que «se superará esa cifra». Solo en reparto de alimentos, rondaban las 450 familias el año pasado (unas 2.000 personas), y ahora están en cerca de 650. YCruz RojaResponde, creado para atender las necesidades de la pandemia, ha llegado a 2.600 personas. 

Algunas instituciones, como la Diputación, han multiplicado por cuatro los fondos destinados a ayudas para la población más vulnerable, pasando de 186.000 euros a 761.668. Yen el Ayuntamiento de Soria, solo en ayudas de urgente necesidad, tenían una previsión para 2020 de 290.000 euros y la cifra al final ha alcanzado los 368.000 euros. 

Hay quien avisa que esto es solo la punta del iceberg y que 2021 puede ser peor. Se estima que hasta trece millones de personas pueden verse en riesgo de exclusión social en España. En Soria, el sondeo realizado por Sigma Dos para RTVCyl apunta ya que una tercera parte de las familias sorianas ha visto reducidos sus ingresos tras la COVID-19 y que el 6,4% ha precisado ayuda de familiares o amigos. Por ello, instituciones y entidades del tercer sector de Soria adaptan ya su actividad y presupuesto para poder hacer frente a esta nueva crisis, a esta ‘UCI’ social del siglo XXI. 

ayuntamiento de soria. El mapa de Servicios Sociales de la ciudad está integrado por un millar de familias atendidas en las distintas líneas y programas sociales, y eso sin contar con otro tipo de herramientas como Espacio Joven, Peonza, Aulas de la Tercera Edad... A esto habría que sumar también unas 1.500 personas, especialmente mayores de ayuda a domicilio y teleasistencia, que durante el confinamiento recibieron una atención personal por parte de las trabajadores sociales para conocer su situación y aliviar la soledad. 

Respetando «las competencias de cada administración» y en virtud también del Acuerdo Marco suscrito con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, el Ayuntamiento de la capital no solo no ha bajado la guardia en este tiempo, sino que ha reforzado su apoyo social con partidas a mayores. Y, de cara al nuevo año, el Consistorio prioriza de nuevo la inversión social en su acción de gobierno.  

El presupuesto aprobado para 2021 se eleva hasta los 57,5 millones , un 1,6% más que el año anterior y, según explicó el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, arte de este incremento se justifica en «disponer de más recursos para la ciudadanía» teniendo en cuenta «el incremento que precisa la protección social», con aumentos del 15% en partidas como las ayudas de emergencia o del 20% en los convenios con asociaciones y colectivos.

«Se sabe desde el departamento que, con la crisis sanitaria, viene la crisis económica, el desempleo… Somos conscientes de que probablemente vayamos a tener más usuarios en emergencia o gastos básicos, que haya más personas que lo van a pasar peor y, por eso, esa previsión presupuestaria», justifica el concejal de Servicios Sociales, Eder García, quien asegura que «el sistema actual ya cubre las situaciones de vulnerabilidad» en la capital pero cree importante actuar con «previsión», «no solo en los servicios que son derechos, sino en el resto de programas que tenemos». 

En cuanto al incremento de las aportaciones a asociaciones y colectivos, García explica que desde el departamento se encuentran «en ronda con todas las organizaciones del tercer sector» para conocer sus necesidades y, en principio, se plantea un incremento de las partidas del 20% para aquellas que hayan incrementado su actividad. Es el caso de Alzheimer Soria, con quien ya se firmó una ayuda de 50.000 euros para salvar su situación económica y garantizar su supervivencia en un momento crítico, donde también se contó con el respaldo económico de la Diputación.

«Nosotros tenemos la obligación de atender a las personas por justicia social, pero el trabajo del tercer sector es enorme y lo tenemos que reforzar y no adelgazar. Ese aumento de los convenios es fundamental para que puedan seguir prestando esos servicios, pero tenemos que tener claro que somos las administraciones las que tenemos la obligación», matiza el concejal responsable, en un claro mensaje de responsabilidad. 

Desde el departamento, asegura García, no se ha levantado de momento la «voz de alarma» por «un incremento demasiado significativo» de usuarios ni tampoco se aprecia un cambio sustancial del perfil. Es una crisis «tan global y tan transversal» que ataca sin distinción pero, «como siempre, más a quienes suelen tener trabajos más precarios», sintetiza. Es pronto también para hablar de tendencias, pero lo que sí han advertido desde el servicio es «un incremento de casos de menores en situaciones de riesgo», algo que justifican, en parte, en el «aumento de la tensión en los hogares». Con los hogares al límite, aumentan los casos de menores desprotegidos, que no reciben la atención adecuada, los casos de violencia... Ante esta tesitura, insta el edil, «es necesario completar el equipo de Familia con más personal en la Junta». «Lo urgente es atender la protección de riesgo pero, más allá, es necesario incrementar los trabajos de la educación familiar», considera. 

diputación. También la diputada responsable de Servicios Sociales, Eva Muñoz, ha reclamado a la Junta un «refuerzo» del servicio ya que, a la visa capital, va a necesitar mucha ayuda» y todo hace aventurar que «va a ser un año duro con muchos cambios». Precisamente para hacer frente a esta situación, desde la Diputación han aprobado ya un «presupuesto social» que ha implementado la partida de Servicios Sociales hasta los 7,2 millones. 

Estos nueve meses de pandemia y las peticiones de ayuda registradas en la institución provincial evidencian que las necesidades de las familias en los pueblos de Soria «han crecido» y, también, que los perfiles «han cambiado» y que a los usuarios «de siempre», se ha sumado «gente que nunca había recurrido a los Servicios Sociales pero que, por circunstancias sobrevenidas de la pandemia, se han visto obligados a pedir ayuda». A pesar del incremento, avisa Muñoz, los datos muestran también que «la situación hasta ahora ha estado bastante contenida» porque, «por las características del medio rural de Soria, hay gente que hasta ahora se ha sujetado con la ayuda de su familia, de sus contactos, del lugar donde vive...», lo que hace aventurar que «2021 será un año COVID, que puede subir el paro, los ERTE, empeorar las condiciones socioeconómicas...», por lo que «vamos a tener que implantar más ayudas». 

Y precisamente en eso se empeñan ahora desde el departamento. En analizar al detalle los datos de estos de peticiones, ayudas, necesidades... de estos nueve meses de pandemia para elaborar el «mapa social real» de la provincia según las peculiaridades de cada zona y, en base a ello, «valorar los resultados y planificar estrategias y las herramientas». «Los datos nos hacen pensar que hay situaciones que no tenemos controladas y, también, hay algunos datos que nos han sorprendido (como por ejemplo las ayudas psicológicas que, a pesar de lo mal que lo está pasando la gente, apenas se han usado hasta ahora). En pandemia se han visto incidencias que es necesario analizar y en ellos estamos trabajando en coordinación con los ayuntamientos», advierte. Prefiere no desvelar de momento cuestiones concretas, si bien reconoce ya que va a ser necesario reforzar cuestiones como «la intervención familiar», para lo que pide, en la misma línea que el Ayuntamiento de la capital, un «refuerzo». También será necesario, aventura, incrementar el apoyo con las asociaciones y colectivos del tercer sector ya que «lo están pasando muy mal» y «hacen el trabajo que, en muchas ocasiones, es competencia de otras instituciones». «Debemos dar una vuelta a esas ayudas porque no son suficientes y esas asociaciones están haciendo un trabajo encomiable», apunta. 

cáritas no cierra. «Cáritas no cierra nunca», recuerda su director, Javier Ramírez. Durante el momento más crítico de la pandemia, la entidad se centró en cubrir las necesidades más básicas, «la alimentación, la entrega de medicamentos, el pago del alquiler, de la luz...». Se consiguió llegar a todo gracias a los fondos propios, a los donativos y, sobre todo, a la red que se tejió con su plantilla y los voluntarios jóvenes que se sumaron, con la colaboración de la Junta de Cofradías. Pero, superado ese momento inicial, «surgieron dos problemas colaterales», apunta Ramírez. Por un lado, «la gente que trabajaba en economía sumergida, que dejó de trabajar», como es el caso de las cuidadoras que atendían a personas mayores que fallecieron o los trabajadores sin contrato que, al estar confinados, no podían ir a trabajar y, sin respaldo legal, quedaron sin ningún tipo de protección social. Y, por otro, los solicitantes de protección internacional que, tras meses con la tramitación parada por la pandemia, «a partir de julio» comenzaron a recibir la «negación masiva de la protección», lo que supuso su expulsión del programa y, con ello, caer en «una situación de vulnerabilidad» ya que pierden su permiso de trabajo, de estancia legal en España... La suma de las necesidades propias de la pandemia y estas nuevas realidades sociales ha supuesto en Cáritas Soria que «en este final de trimestre, hemos agotado el presupuesto del programa de Acogida», resume su director. 

Afortunadamente, felicita, «se ha podido desarrollar íntegramente el programa de empleo con un esfuerzo extraordinario, y eso bueno porque supone mucha gente que ha salido con un empleo, y eso es fenomenal». 

De cara al 2021, «nos tememos mucha dificultad en el primer trimestre del año», asume. Por ello, han «redefinido presupuesto, y reajustado cantidades para poder atender Acogida y Empleo», los dos programas que ahora requieren más esfuerzo económico y de personal. 

No han hecho todavía números pero Ramírez calcula que desde Cáritas Soria se ha ayudado a «un 25%más personas» que el año pasado. Eso sí, repara, el perfil no ha variado de forma excesiva porque «la pobreza está ya muy cronificada». «La mitad que ayudamos son nacionales y la otra mitad inmigrantes. Dentro de estos, están por un lado los económicos [que tienen dificultades económicas] y los ‘políticos’ [denegaciones de protección internacional], donde la situación es muy dramática porque hoy en día es casi una excepción cuando se concede la protección, lo normal es que la denieguen, y es  mucha gente en una situación muy delicada, porque no tienen derechos», reprueba.  Ante este nuevo escenario social con mucha más gente pasándolo mal, en Cáritas han recibido el último decreto del Gobierno por el que «a nadie le pueden cortar la luz, el agua, los suministros básicos...» como «un descanso», ya que muchas de las familias que atienden pueden verse en esta tesitura. También es para ellos un «alivio» el freno a los desahucios en aquellos casos de «vulnerabilidad absoluta». 

Nadie sabe aún cuánto durará esta crisis y cuánto tiempo se podrá estirar la solidaridad colectiva. Pero si algo ha dejado claro esta pandemia es que todos somos vulnerables, y que la vulnerabilidad no solo es cuestión de dinero.