El acuerdo de paz firmado por Estados Unidos y los talibán en febrero de 2020 cumple su primer aniversario en un momento de dudas debido a las reservas expresadas por la Administración de Joe Biden sobre el cumplimiento del mismo por parte de los insurgentes y sin que la población haya visto traducidas sobre el terreno sus expectativas de estabilidad y seguridad.

El histórico pacto firmado por la Administración de Donald Trump y el grupo insurgente fue el culmen de un proceso de negociaciones encabezado durante meses por el enviado de Washington a Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, y que tuvo su epicentro en Qatar, donde los talibán tienen su oficina política.

Si bien el documento, que pretende ser el principio del fin para 20 años de guerra tras los atentados del 11-S, sentaba las bases para la apertura de negociaciones entre el Ejecutivo afgano y los insurgentes, este proceso ha demostrado ser complicado y apenas ha registrado avances desde su apertura en septiembre.

Los principales puntos contemplan la retirada por etapas de las tropas estadounidenses --proceso que debería completarse de cara al mes de mayo--, la apertura de conversaciones, la revisión de las sanciones impuestas a los talibán, el compromiso de que se abordara un alto el fuego y que los insurgentes rompieran sus lazos con otras organizaciones terroristas, principalmente Al Qaeda.

El documento se ha revelado como un paso previo de cara al proceso realmente relevante, el de conversaciones entre el Gobierno afgano y los talibán, que es de donde debe surgir un alto el fuego, un acuerdo para la organización política del país y, finalmente, un acuerdo de paz.

Este punto quedó reflejado inmediatamente después de la firma del acuerdo en la dificultad para que el Gobierno y los insurgentes acordaran un proceso de liberación de presos, dado que Kabul argumentaba que no había sido parte de la negociación y exigía a los talibán compromisos para una reducción de la violencia y sobre el no retorno al campo de batalla de los excarcelados.

Asimismo, el proceso estuvo estancado en su primera etapa debido a que el acuerdo fue firmado después de unas disputadas presidenciales que derivaron en una nueva crisis política ante las denuncias del ex primer ministro Abdulá Abdulá sobre un nuevo fraude a favor del presidente, Ashraf Ghani, repitiendo el escenario de 2014.

Finalmente, el escenario político se destrabó a raíz de un acuerdo que llevó a Abdulá a asumir el cargo de presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, responsable de las negociaciones, que arrancaron finalmente en septiembre una vez se superó también la barrera de las excarcelaciones, que tuvieron lugar finalmente en agosto.

El proceso se abrió con altas expectativas, especialmente impulsadas por la disposición expresada por los países de la región de apoyarlo. Especialmente importantes fueron los posicionamientos de Pakistán, donde los talibán cuentan con bases, e India, que ha dado apoyo al Gobierno afgano, así como los de Rusia y China a favor de estos esfuerzos hacia una estabilización del país.

Pese a ello, se ha visto complicado por la existencia de un Gobierno central débil, que contrasta con la posición de fuerza de los talibán, que controlarían en estos momentos más territorio que en cualquier otro punto desde la caída de su régimen en 2001 y que cuentan con una importante potencia de fuego que amenaza con debilitar la posición del Ejecutivo en las negociaciones.

Los principales obstáculos  

Así, entre los principales obstáculos figura el repunte de la violencia que atraviesa el país desde septiembre, en medio de un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y los insurgentes, que se achacan mutuamente la responsabilidad de la situación.

Kabul ha denunciado que algunos de los liberados han vuelto al campo de batalla, ha acusado a los talibán de mantener sus lazos con Al Qaeda y ha sostenido que los insurgentes buscan usar la inestabilidad como una cuña en las negociaciones para obtener un acuerdo más favorable.

Por su parte, los talibán han acusado a las autoridades centrales de incrementar sus ofensivas y han esgrimido incluso que Estados Unidos ha violado el acuerdo de paz al atacar sus posiciones, algo que Washington desmiente y circunscribe en sus operaciones en apoyo a las fuerzas de seguridad.

En este sentido, la Administración Biden ha resaltado que está "revisando" el acuerdo por posibles incumplimientos por parte de los talibán relativos a la violencia y sus lazos con Al Qaeda, mientras que los insurgentes han alertado contra una posible ruptura del acuerdo y han recordado que han suspendido sus ataques contra las tropas internacionales en el marco del mismo.

Esto expone a Biden a un escenario complicado, dado que la retirada dejaría al Gobierno debilitado, lo que daría aún más peso a los talibán en las negociaciones para intentar sacar adelante sus exigencias, incluida la opción del Emirato Islámico, mientras que una prórroga del despliegue podría llevar a los insurgentes a dar por roto el acuerdo. La vía de negociar esta prórroga llevaría con total seguridad a que los talibán plantearan nuevas exigencias.

La situación deriva en parte de las afirmaciones de Washington sobre un acuerdo por parte de los talibán para reducir la violencia, algo que no hicieron públicamente antes de las conversaciones de paz. El grupo se ha limitado a suspender sus ataques contra objetivos internacionales y contra centros urbanos, si bien se ha incrementado la violencia en la práctica totalidad del país.

Asimismo, otro punto espinoso surge de su compromiso a cortar sus lazos con Al Qaeda, que no cuenta con un mecanismo de verificación, tal y como ha resaltado Thomas Ruttig en un artículo recientemente publicado por la Afghanistan Analysts Network a través de su página web.

Estados Unidos denunció a finales de enero que la organización terrorista "está ganando fuerza" en el país mientras "sigue operando bajo la protección de los talibán", algo negado por los insurgentes, que esta semana han emitido una orden contra el reclutamiento y cobijo a milicianos extranjeros.

El sufrimiento de los civiles   

En este contexto, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha denunciado esta semana un aumento de las víctimas civiles en Afganistán desde el inicio de las conversaciones de paz, con un incremento del 45 por ciento en el último trimestre del año en comparación con este mismo periodo en 2019.

Si bien la cifra de víctimas civiles en 2020 es menor a la del año anterior, ello se debe a un descenso en los datos antes del inicio de las conversaciones, tras lo que han repuntado drásticamente. "2020 podría haber sido el año de la paz en Afganistán", lamentó la jefa de la UNAMA, Deborah Lyons.

Además, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) indicó en enero que se había registrado un importante aumento de los asesinatos selectivos en este periodo, con la muerte de periodistas, abogados, activistas y funcionarios en decenas de ataques en el país.

Por ello, el Gobierno y los talibán volvieron el martes a la mesa de negociaciones --tras un parón de cerca de un mes por sus diferencias-- ante un panorama incierto pese a su acuerdo para una 'hoja de ruta', especialmente por la insistencia de los insurgentes en la creación de una administración interina, rechazada de plano por Ghani.

Los principales países implicados en el proceso han reactivado por ello sus esfuerzos durante los últimos días para llevar a las partes a la mesa de negociaciones y lograr que las conversaciones cristalicen en un acuerdo de paz que satisfaga las demandas de la población para un país más democrático y seguro que permita avances a nivel social y económico tras casi 40 años de guerra.