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Junta y Gobierno resuelven sus discrepancias sobre la RGC

SPC
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Ambas partes interpretan que las ayudas tienen naturaleza de prestaciones de carácter social y que las referencias a las prestaciones de maternidad y paternidad se han de considerar realizadas a las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor

Junta y Gobierno resuelven sus discrepancias sobre la RGC - Foto: Leticia Pérez ICAL

La Comisión de Cooperación entre la comunidad autónoma de Castilla y León y el Estado solventó las discrepancias entre ambos gobiernos en relación a las condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León.

Según el acuerdo publicado hoy tanto en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) como en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y de conformidad con las negociaciones celebradas por el grupo de trabajo constituido para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias manifestadas en relación con los apartados uno y dos del artículo único de la Ley 2/2020, ambas partes coinciden en interpretar que las ayudas sobre Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León tienen naturaleza de prestaciones de carácter social hasta el importe que correspondería a las personas beneficiarias por dicha renta, sin que en ningún caso constituyan un complemento específico de prestaciones contributivas.

Además, las referencias realizadas a las prestaciones de maternidad y paternidad en el segundo párrafo del artículo 4.3, del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, se han de considerar realizadas a las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, tal y como expresa la disposición adicional única del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Así, y en razón al acuerdo alcanzado, tanto Junta de Castilla y León como Gobierno de España coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas.