Dos años de transición es lo que ha concedido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que comunidades, agricultores y ganaderos recorran el camino hacia la aprobación definitiva en el ámbito comunitario de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) y su plan estratégico nacional, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Un plazo calificado por parte de la Administración y las organizaciones agrarias como «brusco», ya que la normativa permitía alargar la transición hasta 2026, y que además arranca con el temor a las repercusiones que pueda ocasionar en la financiación.

Este 1 de febrero, 65.000 profesionales de la Comunidad pueden comenzar a presentar sus solicitudes únicas para estas ayudas hasta finales de abril, preferiblemente de forma telemática por la pandemia del coronavirus. Una campaña que arranca con algunos aspectos «significativos» de cara al futuro y que cuenta con mejoras técnicas tanto en la gestión como en la monitorización de toda la superficie declarada a través de satélites.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, reseñó a este periódico que el Gobierno ha optado por una «convergencia brusca» que se materialice en los años 2021 y 2022, en lugar de hacerla progresiva durante todo el periodo, es decir hasta 2026. «La nueva PAC es lo suficientemente novedosa y rupturista por sí misma por lo que optar por la prudencia y el aterrizaje suave de los diferentes criterios es la mejor opción, a mi juicio, de éxito en su implantación», recalcó. Además, advirtió sobre la financiación de la PAC, ya que según sus palabras, se han encontrado con menos dinero en relación a la vigente.

Las organizaciones agrarias de la Comunidad comparten esta opinión del consejero, ya que lamentaron las formas en las que se aprobó el pasado martes el Real Decreto por el Consejo de Ministros, «que no va a gustar a los agricultores y ganaderos castellanos y leoneses».

Respecto a la campaña de 2021, Carnero remarcó que «se garantizará el mayor grado de flexibilidad posible a los agricultores y ganaderos, de forma similar al año 2020 si fuera necesario, con medidas como la concesión de más tiempo para que las entidades y administraciones puedan tramitar las solicitudes correctamente, el aumento de los anticipos para los pagos directos y las ayudas al desarrollo rural o la reducción de las tasas de control».

Novedades.

Entre las novedades incluidas este año se encuentran que el Ministerio de Agricultura ha adaptado ya el valor de los derechos que los perceptores de la PAC podrán utilizar en la Solicitud Única de 2021, de acuerdo a lo establecido en la normativa estatal que recientemente aprobó. Se han flexibilizado las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez.

Además reduce la ayuda asociada a las legumbres de calidad a las figuras que, por indicación de la Comisión Europea, están amparadas por la propia normativa comunitaria, eliminándose en el caso de Castilla y León el garbanzo pedrosillano y el judión de la granja.

En la convocatoria de 2021 también se recuperan las ayudas a las explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales, para las que se prevé destinar del orden de 16 millones de euros, exigiéndose al beneficiario como requisito para la percepción de las ayudas el mismo que en las zonas de montaña, que justifica que al menos el 50 por ciento de los ingresos totales deben de ser agrarios y la afiliación a los regímenes de seguridad social agraria, es decir, la denominación europea ‘agricultor no pluriactivo’.

La gestión de las ayudas durante estos dos próximos años se combinará con el desarrollo del plan estratégico de la futura PAC. Los ecoesquemas o la definición de la figura de agricultor genuino serán claves en el debate de dicho plan.