El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó ayer que el proceso de enajenación de 664 vehículos forestales en el periodo 2015-2019 fue absolutamente «legal» y «transparente» y que por el mismo la Junta obtuvo el mejor precio de mercado, que globalmente cifró en 699.297,84 euros.

En el transcurso de su comparecencia a petición propia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes, Suárez-Quiñones insistió en que la treintena de expedientes llevados a cabo por las delegaciones territoriales, órgano competente para ello, se realizaron «conforme a la normativa autonómica», a pesar de que actualmente se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.

El consejero explicó que, a excepción de cinco vehículos, adjudicados directamente a tres ayuntamientos sorianos y a una asociación sin ánimo de lucro, el resto de los lotes siguieron una «venta directa pero mejorada» al abrirse a la concurrencia de un total de 193 empresas que efectuaron 131 ofertas, «lo que aseguró un verdadero precio de mercado», ya que en todos los casos se adjudicó a la oferta más alta.

En estos procedimientos, llevados a cabo en los últimos cinco años, Quiñones incidió en que en algunos casos las delegaciones invitaron a concurrir a empresas especializadas en desguace, pero en la mayoría se recurrió a empresas que no tenían ningún impedimento en para reparar y destinar esos vehículos al mercado de ocasión para su venta a terceros.

En su primera intervención ante representantes de todos los grupos políticos de las Cortes, el consejero reiteró que la ley «hubiese legalmente permitido la venta directa a un comprado concreto», ya que eran vehículos obsoletos con un valor inferior al 25 por ciento del de compra y no superaban los 30.000 euros que establece la ley. No obstante, destacó que las nueve delegaciones territoriales «para mayor garantía y obtención del mejor precio para las arcas públicas» optaron por incorporar «el correctivo de abrir el procedimiento a la concurrencia de diversas empresas para provocar una multiplicidad de ofertas y hacer la enajenación a la de importe más alto».

Vehículos inservibles

El responsable de Medio Ambiente justificó la venta de estos vehículos públicos en la necesaria renovación de la flota, con algunos de hasta 18 años, más de 400.000 kilómetros y un coste global de reparación de millón y medio de euros, así como por la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios del Servicio de Montes.

En varias ocasiones, Quiñones insistió en que todos los todoterrenos enajenados eran «inservibles» para el uso por parte de los trabajadores y en el 96 por ciento de los casos, estos procesos, que admitió que son «complejos», se desarrollaron de forma acompasada con la provisión de nuevos vehículos en una operación renovada.

En su posterior intervención, tras las reacciones de los grupos políticos, el consejero afeó la postura de los dirigentes del PSOE y Grupo Mixto, Ángel Hernández y Pablo Fernández (Podemos), respectivamente, a quienes acusó de tratar de utilizar esta cuestión para sacar rédito político. «El problema es que les puede la ansiedad» para apropiarse «en su boca de delitos y corrupción», espetó el consejero a ambos políticos de la oposición.

En resumen, Suárez-Quiñones apeló al respeto a la investigación en trámite y consideró que «a tenor de la información recabada no hay ningún tipo de figura delictiva, pero la Guardia Civil y el juez hacen su trabajo; no se levantan un día y dicen ‘voy a investigar a la Junta’». Además, saludó que la benemérita «busque unos correos electrónicos» en la sede de la Consejería. «Bienvenidos sean. Hay plena confianza en la Justicia y Guardia Civil. Hay que dejarles trabajar, incluidos ustedes», les instó. 

No obstante, emplazó a PSOE y Podemos a facilitarles los datos solicitados y que por su importante cantidad «es imposible hacerlo en una comparecencia».