Las Cortes reclaman a la Junta, a propuesta de Ciudadanos, «establecer medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas» y pidieron al Gobierno mejorar la regulación jurídica de protección de los propietarios. El PSOE apoyó parcialmente la iniciativa y se abstuvo en la propuesta de dar mayores competencias a los ayuntamientos y sobre la posibilidad de que las comunidades de vecinos ejerzan un papel de denunciantes. 

Marta Sanz explicó que la PNL aprobada se elaboró «pensando en las familias que, por su situación, no tienen dónde vivir, ofreciendo más soluciones para compra o alquiler de vivienda», pero también para castigar con más dureza a las mafias. El documento incorporó una enmienda del PP, presentada por su procurador Ricardo Gavilanes, que responsabiliza al Gobierno  a la hora de la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios y «legítimos poseedores de vivienda y la protección de la convivencia». Para ello, se exige modificar la ley «para endurecer las penas en el delito de usurpación con hasta tres años de prisión» y para que la inscripción en el padrón municipal de quienes ocuparan ilegalmente una vivienda «se considere nula y no constituya prueba de residencia o domicilio», explicó Gavilanes, según informa Ical.

En concreto, esta PNL propone facilitar el domicilio usurpado gracias a la simplificación de la carga administrativa y el procedimiento civil; impulsar las competencias de ayuntamientos y diputaciones y de las fuerzas de seguridad del Estado en su lucha contra estos delitos; y, finalmente, endurecer el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal para quienes ocupan ilegalmente una vivienda. «Tenemos claro que asistimos a una problemática que, lejos de ser anecdótica o puntual, ha aumentado de forma considerable y, con ella, la aparición de problemas de orden social y económico», advirtió Sanz.

La procuradora aclaró que se trata de un fenómeno que «vulnera un derecho fundamental reconocido en la Constitución, provoca la inseguridad jurídica de los propietarios y sus familias, genera barreras en el acceso al mercado de la vivienda y altera la convivencia vecinal y compromete la seguridad ciudadan».

La iniciativa reclama coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal, en particular con las fuerzas de seguridad del Estado, las policías locales y la Administración de Justicia. Asimismo, solicita al Gobierno y a los partidos políticos con representación en el Congreso promover todas las reformas legales para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.

Votación por separado

El procurador socialista Ángel Hernández, en un tono conciliador, aclaró que el PSOE es «defensor de la propiedad privada de todos los ciudadanos», pero descartó «entrar en discursos demagógicos y populistas». Recordó que en Castilla y León hay un parque de 1,75 millones de viviendas, de las que 650.000 «no son principales». «La Justicia tarda en resolver más de lo que debería, pero lo está haciendo. Tenemos un sistema judicial garantista», indicó.

El más duro fue el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien consideró que la ocupación «puede ser un problema, pero desde luego no es el que ustedes quieren hacer ver», trasladó a Cs.