No es una decisión en firme, y no se comprobará hasta que se dé a conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2020, pero la posibilidad está ahía: las retribuciones de los empleados públicos podrían congelarse en el próximo ejercicio. La noticia la lanzaron la semana pasada la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se apresuró a desmentirla. Por el momento, dos comunidades autónomas socialistas, Extremadura y Baleares, han tomado ya la decisión de retrasar los aumentos de sueldo para sus funcionarios, a causa de los gastos extraordinarios que han tenido por la pandemia.

¿Qué supondría para Soria esta medida? A juicio de los sindicatos y de los representantes de las organizaciones empresariales impactaría negativamente en la economía y en el consumo provincial. Conviene recordar que la provincia cuenta con 7.810 empleados públicos, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas publicado en enero de este año, por lo que representan el 19,3% del total de ocupados. 

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) en Soria, Alberto Lozano, pone el acento en que «con cualquier cosa que afecte a los empleados públicos sufre la economía soriana».

En este sentido, Lozano recuerda que el personal de las administraciones públicas conforma «la mayor empresa» en Soria y va más allá: «Si Soria no fuera capital administrativa, sería un pueblo». Por ello, el sindicalista defiende que mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos supone un «motor económico» tanto para la capital como para la provincia, por lo que congelar los sueldos en 2021 «afectará a todo lo demás».

Alberto Lozano admite que, tal y como está la inflación, «no se perderá tanto poder adquisitivo», pero no dejará de suponer un freno a la hora del consumo.

El representante de UGT recuerda que hace una década hubo un recorte salarial en el sector público de entre el 5 y el 10%, en función de las categorías, y varios años sucesivos de congelación. «En la anterior crisis se perdió más de un 15% del poder adquisitivo. Fuimos los paganos y ahora espero que esto se quede en un rumor, porque ya cargamos con la mochila de la crisis de 2009».

Asimismo, Lozano apela a que «una conquista de derechos para los empleados públicos se traduce a la empresa privada» y, a la inversa, por lo avisa a que todo el mundo tiene que estar vigilante. «Es preocupante para todos», zanja.

En términos similares se pronuncia el secretario general de CC. OO. en Soria, Javier Moreno, y destaca que «todo lo que tiene que ver con la administración pública» se tiene que negociar en la Mesa de Diálogo Social, por lo que confía en que la opción de la congelación salarial sea solo «un rumor» y no tenga reflejo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado sin contar con los agentes sociales.

«Estamos pendientes de negociar el tercer acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo y ahí se hablará de retribuciones, políticas de igualdad y planes de prevención de riesgos laborales, entre otras cosas», resume.

en el ahorro y el consumo.  Así las cosas, en opinión del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Soria, Alberto Santamaría, esta hipotética congelación salarial afectaría «a partes iguales» al ahorro y al consumo provincial. «Es difícil decir qué hay que hacer y que no porque no sabemos cómo están las arcas financieras del Estado. Las cuentas claras, tienen que explicar qué es lo que hay y ya vale de mensajes cifrados. La sociedad necesita soluciones y no más problemas», argumenta. Santamaría cree que, desde luego, una congelación de las retribuciones «no es una buena noticia para Soria». 

Desde al Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) estiman que la supuesta congelación salarial de los funcionarios  representaría «una lógica reducción de su capacidad adquisitiva y, por consiguiente, una importante disminución del consumo y cientos de miles de euros menos para los comercios y servicios de la provincia».