Asegura que Soria es la provincia de Castilla y León «con más proyectos en distintos ámbitos» en el horizonte en los que trabaja la Administración General del Estado. Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León destaca, entre otros,  el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por ubicar en Soria el futuro Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, que posicionará a la provincia en el mapa de la transformación digital. 

Comienza el curso político, en plena segunda oleada de la COVID-19, con la rebelión de los alcaldes en torno al gasto del superávit. ¿Puede reorientarse esta tensión entre el Gobierno y los ayuntamientos?

Más que entre el Gobierno y los ayuntamientos es entre el Gobierno y el Partido Popular, que actúa con absoluta deslealtad. Conviene explicar qué es lo que no ha salido adelante. La propuesta que estaba encima de la mesa era que los ayuntamientos que disponen de superávit pudieran prestarlo al Gobierno, que este se lo pudiera devolver en un plazo máximo de diez años y, a cambio, recibieran además un 35% de lo que entregan por adelantado, es decir, en total un 135% de lo que dieran al Gobierno de manera voluntaria, un aspecto que hay que resaltar. Se ha hablado de incautación y este era un acuerdo para que los ayuntamientos que tuvieran remanentes entregan voluntariamente la cantidad que quisieran.

Y, en segundo lugar, se han perdido otras cuestiones que eran necesarias para los ayuntamientos y que el Gobierno va a intentar resolver con la nueva propuesta del Real Decreto-Ley: se ha impedido que no se aplique la regla de gasto en 2020, se ha impedido que se usen los remanentes de 2019 para compensar la caída de ingresos y los mayores gastos como consecuencia de la pandemia, y se ha impedido el desarrollo de las inversiones financieramente sostenibles, también con cargo al superávit de 2019. La posición del PP lo único que busca es un rédito en una votación parlamentaria que genera un enorme daño a los ciudadanos al impedir el desarrollo de políticas por parte de los ayuntamientos.

¿Y hay solución?

El Gobierno lo que plantea siempre es buscar una salida para la financiación de los ayuntamientos. Lo que se ha tratado de hacer, dentro del marco jurídico que tenemos, es buscar una salida que permitiera utilizar parte de sus remanentes a los ayuntamientos y esa batería de medidas que eliminan la regla de gasto, el uso del remanente de 2019 y el desarrollo de inversiones. Sin embargo, el PP ha preferido que ni sus ayuntamientos lo hicieran, ni el resto. Es hacer daño a todo el mundo y no sé por qué beneficio.

Otra de las cuestiones planteadas por el Gobierno es la posibilidad de una congelación salarial de los empleados públicos en 2021. En la provincia representan el 20% de los ocupados, por lo que empresarios y sindicatos advierten del impacto que supondría para la economía local. ¿Considera efectiva esta medida para salir de esta crisis?

Me gusta hablar de realidades, no de hipótesis. Cuando veamos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado sabremos cuál es el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y a partir de ahí podremos valorar. No hay ninguna propuesta oficial en ese sentido.

Parece que la falta de acuerdo político y la crisis de la COVID-19 podrían derivar en una nueva prórroga de los PGE de 2018. ¿Cómo lo ve?

La reflexión es que nuestro país necesita en estos momentos unos Presupuestos Generales del Estado. Que no se aprobaran las cuentas para 2019 motivó la convocatoria electoral y, en este sentido, es imperioso per se que haya PGE. A mayores tenemos una situación excepcional por el coronavirus, el Fondo de Reconstrucción que ha aprobado el Consejo de Europa que nos obliga a incorporar todos los recursos de los que se va a dotar España y, por tanto, a gestionar bien esos recursos. Hay que recordar que España dispondrá en los próximos años de 140.000 millones de euros, 72.000 en ayudas directas y el resto en préstamos, y esto es importante para reorientar la economía de nuestro país en base a cuatro prioridades que el presidente del Gobierno siempre pone encima de la mesa: la transformación digital de nuestra economía; la transición ecológica; la cohesión social y territorial; y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Con esto queremos poner de manifiesto las voluntades políticas que encajan en los objetivos de la Comisión Europea y que necesitan imperiosamente los PGE. Tienen que ser unos presupuestos de país, en los que deberían implicarse el mayor número de fuerzas políticas, porque son unos presupuestos que tienen que dar respuesta a una situación de especial excepcionalidad.

Si dos de cada diez ocupados en la provincia de Soria son empleados públicos, el 64% trabaja en el sector servicios, especialmente castigado por la pandemia. ¿Cree que es viable un ‘rescate’ de la hostelería?

El Gobierno ha demostrado en estos meses pasados que tiene una enorme preocupación por el impacto de la pandemia en la economía en su conjunto y en lo que afecta socialmente a la ciudadanía de nuestro país. Por un lado, el Gobierno adoptó muchas medidas que han servido para mantener buena parte del empleo y del tejido empresarial de nuestro país: los ERTE, la prestación para los autónomos, el Ingreso Mínimo Vital y los créditos ICO. Son medidas que pueden verse desde el apoyo a las personas que han dejado de trabajar, a las que apenas tienen menos recursos y también a las empresas, pero también desde una perspectiva del mantenimiento del tejido productivo. Muchas de las empresas se habrían visto abocadas a cerrar si en lugar de existir los ERTE se hubieran aplicado las medidas que impuso la reforma laboral del PP que facilitan el despido y no hubieran podido pagar esas indemnizaciones. Hay una doble respuesta muy interesante: cobertura social, por un lado, y mantenimiento del tejido productivo, por otro, que nos ayudará a salir antes de la crisis una vez que encontremos la vacuna y podamos retornar a la normalidad anterior al coronavirus.

El Gobierno y los agentes sociales continúan negociando la nueva prórroga de los ERTE, ¿habrá ampliación y en qué condiciones?

Lo más importante de todo es que se está haciendo de la mano del Diálogo Social y es una gran enseñanza. Las medidas que afectan a la vida de las empresas, tanto a sus accionistas como a sus trabajadores, tienen que acordarse en el Diálogo Social. Quiero poner en valor la importancia que el Gobierno de España le da al Diálogo Social, no solo de palabra, cada medida que se ha acordado al día siguiente ha estado en el Consejo de Ministros y a los dos días en el BOE. Vemos que en Castilla y León eso no está ocurriendo. Hay que generar confianza en las instituciones y aquello que se sustancia en el Diálogo Social tiene que cumplirse para generar estabilidad y nuevas inversiones.

Durante el momento más duro de la pandemia en Soria, cuando el alcalde, Carlos Martínez, reclamó ayuda en los medios de comunicación nacionales, ¿qué gestiones se realizaron desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León para responder a esa coyuntura crítica?

Para mí fue muy importante poner de manifiesto la situación desde la panorámica general, por lo que había que trasladar la situación más grave que había en Soria y Segovia, las dos provincias más golpeadas de nuestro país por el impacto de la pandemia, como constató en el estudio de seroprevalencia del Gobierno. Además de ser dos provincias muy afectadas, tienen unos recursos hospitalarios más limitados e intentamos en todo momento aportar desde el Estado, completar la actuación de la Comunidad autónoma. 

Pusimos a disposición en Soria, con el trabajo incansable del subdelegado, el Centro de Referencia Estatal (CRE) para completar los espacios hospitalarios con las camas de la enfermería de la futura nueva cárcel. Defensa aportó dos unidades de cuidados intensivos en Soria, presencialmente o también on call desde Zaragoza. O con la propia distribución de respiradores que se ha ido haciendo con criterios de paridad en función de la disponibilidad. A todo eso nos hemos dedicado tanto la Subdelegación del Gobierno en Soria como la Delegación de Castilla y León, en continúo contacto con los ministerios de Sanidad y de Defensa. 

¿Cómo fue la coordinación con la Comunidad de Castilla y León?

Como delegado del Gobierno la coordinación con la Junta de Castilla y León, fundamentalmente a través del Cecopi, ha sido modélica. Hemos trabajado con un alto nivel de responsabilidad dentro de las dificultades, apoyándonos recíprocamente en la toma de decisiones para dar respuesta a muchos problemas como, por ejemplo, con protocolos para la desinfección de residencias para ver dónde llegaba la UME o el resto de unidades del as Fuerzas Armadas. Esto lo hemos traslado, posteriormente, la formación de los gerentes de los centros residenciales, en Soria ya han sido dos, y también han servido de ejemplo para la Escuela Nacional de Protección Civil. La colaboración la resumo en una frase: no hemos dado más problemas a los ciudadanos de los que la pandemia generaba.

¿Cuándo abrirá el nuevo centro penitenciario de Soria?

Estamos trabajando en la dotación de personal, que implica la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en eso estamos estos días, tanto con el Ministerio del Interior como con el de Hacienda para que esta necesidad sea atendida lo antes posible dentro de lo que son los requerimientos administrativos de elaboración de una RPT, generación de las plazas y su dotación. Es muy importante que se tenga en cuenta el enorme esfuerzo que se ha hecho en esta etapa de Gobierno porque en los dos últimos años se ha dotado al centro penitenciario de un sinfín de equipamiento, son 52 contratos y esto tiene una complejidad administrativa muy importante, con más de seis millones. Ha habido una actuación por parte de la Subdelegación del Gobierno muy intensa para agilizar para el equipamiento de todo este centro que estaba sin terminar, igual que el colector... Todo esto es imprescindible para poner en servicio la cárcel.

¿Pero hay fecha?

En estos momentos no hay una fecha en concreto, pero insisto en que tenemos que ser conscientes de que conlleva unos ritmos administrativos que son complejos, requiere también una dotación presupuestaria de la nueva plantilla y en eso estamos trabajando con todo el esfuerzo posible.

La prisión de Soria se ha quedado sin médico, con la jubilación del único facultativo que prestaba servicio, ya que la otra plaza quedó vacante a finales del pasado año. Desde Instituciones Penitenciarias se apunta a la próxima convocatoria de 42 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, para la que no hay fecha. ¿No habrá médico hasta que no se resuelva?

Probablemente se contrate temporalmente a un médico. Y, evidentemente, hay que cubrir la plaza.

Desde hace más de medio año, doce personas trabajan en el Centro de Referencia Estatal (CRE). ¿Cuándo estarán estas instalaciones a pleno rendimiento?

También es un centro que se ha abierto con este Gobierno. El significado es que está abocado a la investigación, no es asistencial. Su objetivo fundamental es investigar en nuevos modos de actuación a los dependientes y como es de referencia estatal servirá de modelo de difusión. 

¿Y cuándo va a empezar esa investigación?

Ya se está trabajando, en el momento en el que hay personal y el centro está abierto ya se está trabajando en esas cuestiones. Tenemos que pensar que hay muchos tipos de dependencia, cada una tiene distintas posibilidades de autonomía personal, con la atención residencial... Lo que buscamos es el máximo de atención domiciliaria, con apoyos, y lo que tenemos que hacer es investigar en nuevas formas de atención que permitan a los servicios sociales buscar esa mayor autonomía en el domicilio o en un centro residencial.

¿Cuál es el futuro del Centro de los Alimentos?

Va a haber una dotación de un nuevo investigador. Tiene que haber una simbiosis importante entre lo que es la investigación pública y el sector privado que se dedica a la industria alimentaria. Soria tiene infinidad de productos de reputación como la micología, el porcino, frambuesa en altura... Hay un campo amplio en distintos tipos de alimentos que tendrá una implicación por parte del Gobierno y se va a plasmar en esa contratación.

¿Y se prorrogan los contratos de las investigadoras?

Están hasta diciembre. El investigador tendrá que potenciar nuevos proyectos para permitir contrataciones, porque en función de los proyectos se realizarán contratos. Y alguna de las investigadores se puede presentar a esta plaza, porque es una plaza abierta. Por primera vez, el centro va a contar con un investigador titular que va a relanzarlo.

El Gobierno adjudicó en agosto la redacción del proyecto de la nueva comisaría de Soria. ¿Qué plazos manejan para que la capital cuente con esta instalación?

Siempre me remito a los plazos contractuales. Hay que esperar a que se redacte el proyecto, después lo tendrá que supervisar Interior, y con posterioridad licitación, adjudicación y ejecución de las obras. En estos momentos son los plazos de la redacción, pero está claro que hay un compromiso, igual que lo hay con el cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz, que también se ha licitado la redacción del proyecto.

¿Se prevé reforzar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Soria o, al menos, adoptar medidas para que se cubran las vacantes?

Todos los gobiernos socialistas han dado muestras de una recuperación importante de plantillas. Recientemente se han incorporado guardias civiles, en un concurso que se ha dado prioridad a las comunidades autónomas como la nuestra [44 en Soria] y recientemente se han sumado nuevos policías nacionales que pone de manifiesto ese compromiso de refuerzo de estas plantillas que es fundamental para garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Las plataformas Soria ¡Ya!, A-11 Pasos de Peñafiel, Coordinadora N-122 de Zamora y Plataforma por las Infraestructuras y la Sanidad de la Ribera del Duero Burgalesa de Aranda de Duero, pidieron hace una semana una reunión con le ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y también con usted. ¿Ya hay fecha para ese encuentro?

No tenemos fecha en estos momentos, pero mi compromiso es reunirme con las plataformas y abordaremos los temas que quieran plantear.

¿En qué punto se hallan los tramos de la A-11 en la provincia?

Con este Gobierno se han puesto en servicio tres tramos en la provincia de Soria, 27 kilómetros en total, lo cual es una noticia magnífica. Otro estará a finales de este año o principios del que viene, entre Venta Nueva y enlace de Santiuste, otros 17 kilómetros, que ha tenido un impulso importante. Y quedan siete kilómetros entre la variante de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz que es el que más retrasado está. En el tramo entre Venta Nueva y Santiuste hubo que hacer un modificado importante por la calzada romana, con seis kilómetros. Es un elemento patrimonial a mayores que va a venir de la mano de la autovía. Cuando estos tramos estén terminados vamos a tener más de 40 kilómetros continuos.  

Nos encontramos con muchos de estos proyectos empantanados. Desde que llegamos al Gobierno el esfuerzo, desde el punto de vista administrativo, ha sido muy intenso. A mayores, se licitaron dos tramos de autovía en la provincia de Valladolid, uno ya está en obras y el otro está a punto de firmarse el contrato, son  35 kilómetros y una inversión de 180 millones de euros. Y entre Zamora y la frontera portuguesa se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental.

Hay un compromiso claro con esta autovía ( A-11), que es la primordial para las comunicaciones de Soria con la Comunidad autónoma y para vertebrar toda Castilla y León.

¿Y se impulsará la conexión de la A-15 entre Soria y Tudela?

Es un tramo que permitirá conectar Soria con el  Valle del Ebro y, por tanto, Castilla y León. Estamos en la elaboración de proyectos de trazado. Lo que hemos hecho ha sido impulsar la redacción de los proyectos.

¿Hay algún avance en el proyecto de la estación intermodal [tres y autobús] en El Cañuelo?

Está en negociación el Ayuntamiento de Soria con Adif, también con la colaboración de la Junta, y me consta que el empeño del alcalde es constante. Se están trabajando en las distintas alternativas.

¿Y tiene constancia de que se haya producido algún avance?

Ahora los tiempos de la pandemia nos han obligado a estar centrados en otras cuestiones, espero que se pueda retomar la actividad ordinaria con cierta normalidad. Adif ha tenido  que asumir obras con merma de ingresos, también le ha afectado a Renfe... a todas las administraciones.

¿Ve viable la reapertura de la línea Soria-Castejón?

En el proyecto de PGE de 2019 había una partida para el estudio de viabilidad y, por tanto, en eso es en lo que hay que avanzar, en la viabilidad de esa infraestructura desde el punto de vista del transporte de mercancías. Intentaremos que vuelva a aparecer en el proyecto de PGE de 2020.

¿Cuándo tendrán los sorianos una conexión ferroviaria competitiva con Madrid?

Hay algunas actuaciones de mejora en cuanto a los trazados, se han llevado a cabo algunas obras, se han ido limitando los puntos kilométricos con limitaciones de velocidad, también en el presupuesto de 2019 que no se aprobó se contemplaban partidas para esta línea. En junio de 2019, Adif licitó un proyecto de constructivo de mejora del trazado. Hay un compromiso con esa línea y se está trabajando para acortar tiempos y hacerla competitiva con la carretera.

¿Se prevén recuperar, a corto plazo, los horarios suspendidos de autobuses por la COVID-19 que conectan Soria con Madrid, Pamplona o Logroño?

Fruto de la pandemia la movilidad se redujo en porcentajes extraordinarios. La demanda no se ha acabado de recuperar del todo y, por tanto, en el transporte ferroviario y por carretera en la Comunidad hay una tendencia a ir recuperando paulatinamente frecuencias en función del incremento de la demanda. También por el teletrabajo, muchas personas que antes viajaban con más asiduidad ahora lo hacen menos, por lo que se deben adaptar las frecuencias de todos los modos de transporte a las demandas actuales. Pero hay un esfuerzo paulatino de ir recuperando frecuencias, por ejemplo, en Valladolid empezaron el lunes con los Avant que conectan con Madrid y esta es la política que el Ministerio lleva, en equilibrio también con las cuentas, porque la caída de ingresos para estas empresas ha sido importante y tenemos que ser conscientes que empresas como Renfe tienen obligaciones de servicio público, pero tiene que garantizar cierta estabilidad presupuestaria.

¿Se va a dar un impulso al contenido cultural del Banco de España?

Después de muchos avatares, como Subdelegación, como espacio cultural, como Subdelegación otra vez... Hay una vocación, también por parte del Ayuntamiento de Soria, del Ministerio de Cultura de recuperar ese espacio para la ciudad y en esa línea se está trabajando. El Ayuntamiento remitió un documento al Ministerio, que está analizando y tendrá que valorarse desde las distintas herramientas del Ministerio, como Acción Cultural Española, para ver cómo se desarrolla. Ahora el Gobierno ha demostrado sensibilidad con la voluntad del Ayuntamiento de Soria de crear un espacio cultural en el que se está trabajando.

¿Cómo está la depuradora?

Las obras están adjudicadas, tienen que estar a punto de comenzar. La idea, porque está en ese periodo de los fondos Feder, es que esté finalizada en 2023, dentro del plazo. Por ahora las cosas van bien.

¿En qué consistirá el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, comprometido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico?

Hago una reflexión sobre el reto demográfico y es que tenemos que ser conscientes, en mi opinión, de que para que un territorio tenga población necesita empleo y servicios públicos. Esto implica una colaboración entre lo público y lo privado. El Gobierno está intentando con determinadas actuaciones colocar algunos motores para la actividad económica en distintos lugares. Hay una apuesta del Gobierno de ubicar en Soria el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad, que no solo hay que verlo desde la perspectiva del empleo público, sino que también tendrá una tecnología de vanguardia que implicará necesidades de mantenimiento y puede ser un nicho para empresas que desarrollen una labor asociada, desde el propio mantenimiento tecnológico a la prestación de servicios.

Es muy importante que estas palancas sean aprovechadas por la iniciativa privada y es fundamental la simbiosis entre lo público y lo privado. Ahora tenemos la oportunidad de los fondos de reconstrucción y la transformación digital es fundamental para el Gobierno. Si a Soria va venir un Centro de Proceso de Datos, hay que aprovecharlo para generar nuevas oportunidades empresariales y de empleo vinculadas a la transformación digital.

¿Ya se conoce cuál será la inversión y dónde se podría ubicar?

Hay que dejar trabajar a los técnicos en buscar los mejores emplazamientos porque hay distintas alternativas, pero también distintos requerimientos. Es un centro muy singular, con requerimientos muy especiales, de todo tipo, de seguridad en muchos aspectos, el clima de Soria es un factor positivo...

Habla de transformación digital y Soria sigue teniendo problemas de conexión a internet en varios puntos, también de cobertura móvil...

Ese es el reto. Ha habido un impulso por parte del Ministerio de Economía, está habiendo una apuesta también por financiar la ampliación de la cobertura...  Nos jugamos el desarrollo económico y una educación de calidad. Tiene que haber la misma oportunidad de acceso a las tecnologías para todos.

¿Dará el paso el Gobierno de formar parte del ‘Plan Soria’?

Aquí el compromiso es constante. La presencia del Gobierno en cuanto al desarrollo de la provincia de Soria es permanente. Esta entrevista pone de manifiesto una panoplia de proyectos que no hay otra igual en la Comunidad autónoma, que arranca con los compromisos de Rodríguez Zapatero que este Gobierno está impulsando con cuestiones nuevas como este Centro de Datos de la Seguridad.