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Sacristán defiende que solo ejecutó los acuerdos de la Junta

SPC
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El exconsejero delegado de Gesturcal defiende su inocencia y asegura que ha ejercido más de 33 años en la función pública "sin tacha"

Sacristán defiende que solo ejecutó los acuerdos de la Junta - Foto: Leticia Pérez ICAL

El exconsejero delegado de la empresa pública Gesturcal Juan Carlos Sacristán negó este lunes que haya participado “en nada referido” a la compra del edificio de soluciones empresariales de Arroyo, defendió su inocencia y afirmó que se limitó a ejecutar “fielmente” acuerdos de la Junta de Castilla y León.

La comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un parque empresarial y edificio centro de soluciones empresariales de la Junta de Castilla y León retomó hoy sus trabajos con su nueva presidenta, la socialista Ana Sánchez, y la comparecencia del exalto cargo, que negó su participación en lo referido a lo investigado. 

Sacristán, uno de los doce imputados en el caso abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid referido a ‘La Perla Negra’, se acogió a su derecho a no declarar y solo negó su participación en las operaciones investigadas por la justicia, a la vez que defendió su inocencia y su trabajo “sin tacha” durante 33 años en la función pública de Castilla y León.

Al cierre de su comparecencia, el exalto cargo, fue secretario general de la Consejería de Fomento con Jesús Merino, aseguró que se le acusa “injustamente” y sin pruebas probatorias en los delitos imputados y añadió que las decisiones de alquiler y compra del edificio las tomó la Consejería de Empleo, dirigida entonces por el fallecido Tomás Villanueva, por tanto “de Junta” y se limitó a ejecutar “fielmente los acuerdos del consejo de administración”, trasladados a Ade y Gesturcal.

Sacristán precisó que dejó el puesto en Gesturcal el 15 de septiembre de 2008 e insistió en que a lo largo de su trabajo en la función pública ha intervenido en decisiones presupuestarias públicas por importe de 2.400 millones de euros, “sin tacha”. "Es profundamente injusto que me encuentre incluido en un procedimiento judicial". "Hay una orfandad probatoria de las acusaciones concretas". “Estoy convencido de mi inocencia”, aseveró, tras asegurar que así lo ha expuestos en recursos y escritos de defensa judiciales.

"Los arrendamientos y posterior compraventa del edificio fueron decisiones que tomó la Consejería de Economía y Empleo, decisiones por lo tanto del Gobierno regional, y que posteriormente trasladó primero a la Agencia de Desarrollo y después a Gesturcal a través de su consejo de administración. Mi intervención se limitó a ejecutar fielmente los acuerdos del consejo de administración", precisó.    

Laura Domínguez (Podemos), Francisco Javier Panizo (Ciudadanos) y Patricia Gómez (PSOE) le recordaron que su firma esté en el contrato primero de alquiler del inmueble de Arroyo, conocido como ‘Perla Negra’, y después en su compra y le señalaron que la adquisición estuvo en 60 millones frente a una tasación entre 31 y 41 millones.

“No le extrañó”, inquirió la parlamentaria socialista, que apuntó no sólo a lo que diga el juzgado, sino a una responsabilidad política ante el “despilfarro” para las arcas de la comunidad y el prejuicio para los ciudadanos de la misma.

Por su parte, el popular Salvador Cruz declinó realizar preguntas, dado que el compareciente dejó claro que no las iba a responder, y solo aclaró que la tasación realizada por Hacienda se ajustó al precio de mercado.

En el denominado caso de ‘La Perla Negra’, que investiga delitos relacionados con la compra del citado inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 requeridos por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados. La causa está a la espera de la apertura de juicio por la Audiencia de Valladolid.

La Fiscalía de Valladolid imputa a Juan Carlos Sacristán un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.