El secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, subrayó ayer que el Gobierno tiene con Castilla y León todos los años una deuda de 344 millones «solamente en materia de dependencia», porque no cumple con la ley nacional que estipula que estas prestaciones son asumidas al 50 por ciento por cada administración. «De los 620 millones, la Junta aporta 482 millones de euros, el 78 por ciento, y sólo 138 millones (22 por ciento) por el gobierno socialista», argumentó.

Vázquez, que compareció junto a la procuradora segoviana del PP, M.ª Ángeles García, remarcó que con la dependencia están «otra vez los socialistas perjudicando a los castellanos y leoneses, a los que más lo necesitan», sumando otros ejemplos como los 140 millones por el IVA de 2019 que aún no han llegado o más recientemente los 232 millones de los Fondos Europeos cuando a la Comunidad le corresponden al menos 417 millones, remarcó el dirigente.

«La política sectaria del Partido Socialista con Castilla y León es lo que tenemos que denunciar todos los días. Un gobierno sectario que está perjudicando a los ciudadanos», subrayó.

Vázquez y García recordaron los principales datos del informe de 2020 del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la asociación de directores y gestores de Servicios Sociales. «No es un informe de partido ni de un gobierno», señaló el secretario autonómico, y la Comunidad «sale bien parada» desde que se publica hace una década.

En este informe, como en los anteriores, Castilla y León demuestra que «hace bueno el lema del autonomismo útil en políticas sociales», remarcó Vázquez, quien recordó que está a la cabeza en gestión de la dependencia con una nota de 8,9 sobre 10, mientras que «la media nacional retrocede a 4,64».

La Consejería de Familia tiene un presupuesto de 1.081 millones, de los cuales 620 están dedicados a dependencia, casi el 80 por ciento aportados por la propia Junta. García también remarcó que, a pesar de «la poca aportación del Estado», la Comunidad ha hecho frente «a la grave crisis de la covid».

En esta misma línea, Vázquez argumentó que la Junta, en plena crisis social, sanitaria y económica, ha destinado recursos «para lo que más lo necesitan, para las personas dependientes».

El informe, según los populares, destaca la gestión de la Junta en la tramitación de los expedientes sobre dependencia, con una media de resolución de 187 días, frente a la media nacional de 430 días.