En un plazo de tres meses entrará en vigor el decreto por el que los alumnos en prácticas comenzarán a cotizar a la seguridad social. En principio parece algo positivo para el alumno pero la preocupación llega a la hora de analizar quien asumirá los costes de esa cotización. Desde la comunidad educativa temen que si se repercute ese coste sobre las empresas muchas de ellas puedan dejar de ofrecer prácticas. Entre los alumnos también hay cierta inquietud al respecto y son conscientes del esfuerzo que supone para algunas empresas invertir tiempo en su formación. Si ese coste lo asumiesen las arcas estatales todos los actores implicados verían con buenos ojos la medida. De lo contrario consideran más relevante que se vigilen los contratos extracurriculares de formación en prácticas, que según aseguran, presentan muchas más carencias, que los que se realizan dentro del curso académico del alumno