Cualquiera que tenga noticia cercana de cómo se las gastan en las democracias anglosajonas, también en Francia, con los casos de irregularidad, llamémosla así, que se producen en su sistema político, compararán estos días esas conductas absolutamente nítidas, rigurosas, con la permisividad que se utiliza en nuestro país. 

Por no cansar con excesivos ejemplos: en Alemania, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tuvo que pasar por el suplicio en el Bundestag para responder si, en su época de ministra de Defensa, su departamento contrató asesores desdeñando las reglas marcadas para este tipo de actuaciones. Von der Leyen salió limpia, pero tres de sus colaboradores fueron enviados a las tinieblas exteriores de la política y, aún hoy, ese episodio enturbia de vez en cuando, y desde los tabloides sensacionalistas germanos, la trayectoria de la presidenta.

Este caso, y muchos más que podríamos recordar como aquel otro de un ministro, creo que también de Defensa, que tuvo que dimitir por dejarse invitar en sus vacaciones por un próspero industrial, o el de otro miembro también del Gobierno, que cesó en su cargo cuando se supo que ¡había copiado sin citar el trabajo de un profesor universitario en su tesis doctoral! ¿Se acuerdan de la peripecia de Sánchez con la investigación que le valió el título nada menos que de doctor en Economía? 

Se corrió un tupido velo y aquí no ha pasado nada, como tampoco sucedió cuando se descubrió que el actual delegado del Gobierno en Madrid, de apellido Franco, se había apropiado de una condición matemática que no le era propia. Todos mirando a otro sitio y hasta la próxima.

Y la próxima ha llegado. Es el caso Dina, que resumo así: Dina Bousselham, antigua colaboradora de Pablo Iglesias, y ahora editora de un digital sufragado por Podemos, es decir con los impuestos de todos los españoles, denunció en su día no solo el robo de su móvil, sino, incluso, la destrucción de su tarjeta SIM en la que, presuntamente, se recogían toda serie de escenas e improperios lascivos. 

Iglesias, al parecer enchufado sentimentalmente y durante algún tiempo a esta mujer, aprovechó la contingencia para, en el tiempo de la última campaña electoral, presentarse como una víctima de las llamadas «cloacas del Estado» dirigidas por el estrambótico comisario Villarejo. Dina, en una primera declaración, ofreció pormenores del caso a la Policía, detalles que dejaban la versión de su jefe en muy mal lugar. Luego tras el regalo de Podemos, se vino abajo y se ha expresado con el habitual «donde dije digo, digo Diego». 

Pero el juez García Castellón no se ha tragado el anzuelo, le ha retirado a Iglesias, aún vicepresidente del Gobierno, la condición de «perjudicado» y está en situación de ordenar tres actuaciones: la primera, deducir testimonios a los testigos falsos, se supone que al propio Iglesias y a la tal Dina; la segunda, incoar un nuevo procedimiento judicial; la tercera, lo más probable y dada la condición de aforado del aún vicepresidente, remitir sus actos a la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo para que ésta, si lo estima conveniente, emita el correspondiente suplicatorio para juzgar el comportamiento de Iglesias.

Reputación

Estos días ya han empezado a recorrer Madrid bulos y acusaciones falsas sobre el juez García Castellón, del que, se dice, fue enviado nada menos que diecisiete años fuera de España para ocultar sus malas artes como juez de instrucción sustituto de Baltasar Garzón. Castellón, sin embargo, no tiene tacha: se enfrentó a ETA acusando a los autores del frustrado atentado contra Aznar y del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, envió a Mario Conde a la cárcel tras la intervención de Banesto, y se ha ocupado de los escándalos llamados Púnica y Lezo, que tanto han perjudicado al propio Partido Popular, hasta el punto de apartarle del poder. Es decir, un juez, solo juez, que ha huido como de la peste de toda intención de estrellato tan frecuente en sus colegas de la Audiencia Nacional. 

Castellón sigue sus investigaciones que, según toda la información que se está conociendo, conduce a atribuir al aún vicepresidente del Gobierno, la comisión de presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y, desde luego, de perjurio.

Iglesias desde que ha estallado el escándalo que, en un primer momento él utilizó para ganar votos presentándose como damnificado por la que se ha dado en denominar «policía patriótica», permanece ahora callado, distrayendo la atención general con sus acusaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y atribuyendo a las «derechas» un odio político que intenta, como dice Sánchez, destruir la coalición del Frente Popular. 

Toda una maraña de estrategias que ni siquiera en el PSOE están sentando bien, porque, fíjense, hay muchos dirigentes regionales en este partido, que no solo juzgan «inconveniente» la continuidad de Iglesias y de sus ministros de Podemos en el Ejecutivo, sino que admiten que esta coalición puede llevar al PSOE a su propia destrucción como partido. Será exagerado o cierto, pero esto es lo que piensan los circunspectos barones del PSOE, y, desde luego, antiguos dirigentes como Solchaga, Solana o el aguerrido exministro del Interior, José Luis Corcuera.

Sánchez arropa por ahora a su todavía vicepresidente pero, en opinión de fuentes socialistas de todo crédito, le está dejando que se cueza en su propia salsa, una táctica que se puede volver contra él porque, como dicen algunos juristas recordando usos de la práctica legal: «el cómplice de un delincuente es un delincuente».

Bien es cierto que, por el momento, Iglesias no lo es y que falta mucho tiempo para, si el procedimiento sigue, como parece, adelante, sea procesado por los delitos antes mencionados, uno de los cuales, en todo caso, sería más que preciso para enviar a Iglesias a los exteriores de la política. 

Garantista

Es este un caso que aquí, en España, con un sistema judicial garantista como en ningún otro país de occidente, tiene aún mucho recorrido, el largo que no tendría en las citadas naciones anglosajonas, donde por robar un plumier en la infancia un compañero de pupitre, un diputado de la democracia cristiana, creo que bávaro, tuvo que entregar su acta parlamentaria en medio de un alboroto nacional. En aquella ocasión, escuché decir a un colega del susodicho: «Eines Politikers muss nicht nur geerht werden, sondern auch nicht erscheinen». Con perdón por el apresurado cultismo: «Un político no solo tiene que ser honrado sino parecerlo».