La corrección de la previsión de crecimiento de la economía española en 2021 y 2022 aportada ayer por la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) merece un profundo análisis en el Gobierno de España. Esa reducción de cuatro décimas respecto a las estimaciones apuntadas a finales de octubre no constituyen a priori un problema de gravedad extraordinaria, pero sí merece que desde el Ministerio de Economía se ponga atención al dato. Ese 5,1% corregido para el pasado ejercicio y la previsión del 5,9% para el año en curso siguen siendo magnitudes que pueden permitir a nuestro país avanzar con cierta solvencia hacia el escenario económico previo a la crisis sociosanitaria causada por la covid desde marzo de 2020. Sin embargo, para que las consecuencias de este supuesto crecimiento inferior a lo previsto tengan el menor impacto negativo posible será imprescindible el reconocimiento formal de que se producirá una ralentización del crecimiento.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado hasta ahora muchas muestras de prudencia a la hora de trabajar con los indicadores macroeconómicos y tampoco ha destacado por aceptar ni adaptar sus políticas a las revisiones del crecimiento a la baja que, de manera casi continua, se han ido conociendo tanto por estamentos oficiales como por distintos servicios especializados en la evolución económica de sectores conocedores del contexto, como la banca. Su tendencia a mantenerse firme en sus expectativas es clara y, por tanto, lleva aparejados los riesgos propios de que la teoría y la realidad no converjan. No obstante, dos parámetros importantes para la gestión del Ejecutivo no salen malparados de la revisión de la AIReF, como son la generación de empleo y la previsión de déficit. Sobre todo el primero, de un impacto social relevante, en ocasiones suficiente para compensar, e incluso revertir, el estado de opinión pública.

El Gobierno de Sánchez acaba de cumplir el ecuador del mandato en un momento en el que políticamente existen citas electorales importantes que no parecen jugar a su favor, pero sí el escenario económico a medio y largo plazo. La señales externas son menos optimistas que las suyas, por lo que haría bien, en sus funciones de velar por los intereses generales, en dedicarle un análisis a los riesgos que, además de ser los de su gobierno, son los de la recuperación de todo un país.